FACULTAD DE HUMANIDADES
ESCUELA
ACADEMICO PROFESIONAL DE PSICOLOGIA
MONOGRAFIA
“LA PROBLEMATICA DE LA VIOLENCIA SEXUAL
EN EL PERU”
ALUMNOS
CASTRO FLORES, NIXON JHON.
GOICOCHEA NARRO, FIORELLA.
GUITIERREZ MORI, SAULO RUBEN.
ODAR PADILLA, JANYRA.
TUESTA SANCHEZ, LIBERATO.
VASQUEZ CARRANZA, JUAN IRWIN.
ASESOR
LENIN
CARDENAS
LINEA DE
INVESTIGACION
BASICA
– TEORICA
TRUJILLO – PERU
2013
1.
TITULO
“LA PROBLEMATICA DE LA VIOLENCIA SEXUAL
EN EL PERU”
2. DEDICATORIA
.
3. AGRADECIMIENTO
4.
INDICE
CAPÍTULO I
LA VIOLACION SEXUAL
1. La violencia contra las mujeres como violación
de los derechos humanos.
2. Violación sexual
2.1. Tipos de conductas consideradas como violencia
sexual
3.
La mujer como objeto sexual
4.
Consecuencias de la violencia sexual
CAPITULO II
LA VIOLENCIA SEXUAL EN EL PERU
- La situación de la investigación sobre violaciones
sexuales en el Perú
1.1.
En qué instituciones se denuncian las
violaciones sexuales
1.2.
La cantidad de denuncias sobre violación
sexual en el Perú
1.3.
Los detenidos e inculpados por violación
sexual
- El sexo y la edad de las víctimas en las denuncias por
violación sexual en el Perú
2.1.
El sexo de las víctimas en las denuncias por
violación
2.2.
Sobre la edad de las víctimas en las
denuncias
2.3.
Las principales víctimas: mujeres menores de
18 años
2.4.
El estado de la víctima post-violación y su
relación con el victimario
- Los vínculos previos entre el victimario y la
víctima de violación sexual
3.1.
El tipo de relación con el victimario
3.2.
Sobre el número de perpetradores en una
violación sexual
3.3.
El uso de la violencia y el estado de la
víctima
CAPITULO III
DISCRIMINACIÓN
Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
1. La morada.
1.2. La destrucción de la morada.
1.3. La supervivencia cotidiana.
1.4. Violencia directa y difusa.
1.5. Una reflexión: violación y abuso sexual en la
calle y en la casa.
1.6. ¿nuevamente replegadas al espacio doméstico?
1.7. La violencia de género.
1.8. Patrones comportamiento y estereotipos de
género en la ciudad.
2. El espacio urbano no es neutro.
3. Participación de los involucrados.
4. Políticas con perspectiva de género.
CAPÍTULO IV
LA VIOLENCIA QUE NO SE VE
1. ¿cómo
se hace invisible la violencia hacia las mujeres?
2. Las
situaciones de violencia que sufren las mujeres en las ciudades.
3. Las
consecuencias.
4.
Insuficiencia de los enfoques tradicionales de seguridad ante la violencia
urbana contra las mujeres.
5. ¿qué
estrategias podemos construir entre todos y todas?
CAPITULO
V
CÓMO HACER VISIBLE EL PROBLEMA
1. Compartir experiencias y asimilar conocimiento.
2. Elaborar participativamente las estrategias.
2.1. Sensibilización de la sociedad sobre la
violencia hacia las mujeres.
2.2. Diseño, mantenimiento y mejoramiento del
espacio público.
2.3. Articular y potenciar los mecanismos de
participación y monitoreo.
3. Sensibilizar y capacitar.
3.1. Acompañando la reflexión de las mujeres.
3.2. Incidiendo en las autoridades locales.
3. Construcción de estrategias con perspectiva de
género.
3.1. Influenciar en las políticas públicas locales.
3.2. Posicionar el enfoque de género mediante
actividades de sensibilización y capacitación.
4. Compromisos
y avances con las autoridades locales.
4.1.
Difusión de los resultados.
5. CONCLUSIONES
6. BIBLIOGRAFIA
7.
ANEXOS
5. INTRODUCCION
“La violencia es una constante en la vida de gran
número de personas en todo el mundo, y nos afecta a todos y a todas de un modo
u otro. Para muchos/as, permanecer a salvo consiste en cerrar puertas y
ventanas, y evitar los lugares peligrosos. Para otros/as, en cambio, no hay
escapatoria, porque la amenaza de la violencia está detrás de esas puertas,
oculta a los ojos de los/las demás. Y para quienes viven en medio de guerras y
conflictos, la violencia impregna todos los aspectos de la vida”
El problema de la violencia sexual es algo que
involucra y exige el compromiso de muchas disciplinas y sectores para detectar
y atender integralmente estos casos, dada la complejidad del problema. Se hace
necesario denunciar los casos de violencia, incluyendo a los servidores
públicos, ya que de no hacerse, se cae en delito de omisión.
La violencia contra la mujer y la niña es un
importante tema de salud y derechos humanos. Tomando como referente la
población femenina mundial, por lo menos una de cada cinco mujeres ha sido
maltratada física o sexualmente por un hombre o varios hombres en algún momento
de su vida. En muchos casos, incluyendo las mujeres embarazadas y las niñas
jóvenes, son objeto de ataques graves, sostenidos o repetidos.
En todo el mundo, se ha calculado que la violencia
contra la mujer es una causa de muerte e incapacidad entre las mujeres en edad
reproductiva tan grave como el cáncer y es una causa de mala salud mayor que
los accidentes de tránsito y la malaria combinados.
El maltrato de la mujer es condenado de hecho en
casi todas las sociedades. El encausamiento y la condena de los hombres que
golpean o violan a las mujeres o las niñas son poco frecuentes en comparación
con el número de agresiones. Por lo tanto, la violencia opera como un medio
para mantener y reforzar la subordinación de la mujer.
Todas las sociedades necesitan
hacer arreglos para comprender la sexualidad, sus clasificaciones y los
procesos que esta produce y desencadena. El filósofo francés Michael Foucault
dedicó gran parte de su producción académica para demostrar cómo la sociedad ha
disciplinado, reprimido, definido y re-definido el cuerpo sexuado de los seres
humanos. “El cuerpo está en medio de relaciones de poder que operan sobre él:
lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, le fuerzan a unos
trabajos, le obligan a unas ceremonias, exigen de él unos signos” Este debate
sobre “negociaciones de significado” sobre la sexualidad humana, las
legislaciones de la mayoría de países de América Latina, el derecho penal y la
doctrina que lo sustenta no reflejan ni de cerca, a nuestra comprensión actual
de la violencia sexual. En la elaboración de los tipos penales es preciso
utilizar términos estrictos y unívocos que acoten claramente a las conductas
punibles, dando pleno sentido al principio de legalidad penal. En la práctica,
solo hay que revisar los Códigos Penales de la región para constatar la
existencia de lenguajes superpuestos, el uso de términos médico-fisiológicos en
un tránsito progresivo hacia el terreno moralista plagado de valores como
honra, virginidad, honor. Al exigir que estos valores sean portados en los
cuerpos de las mujeres, desaparece la dimensión de exigibilidad de los derechos
humanos simplemente porque el bien jurídico protegido son la honra, la
virginidad o el honor, los sujetos jurídicos concretos.
En este campo, los significados
sobre sexualidad, son absolutamente obsoletos y no dan cuenta ni de los avances
a nivel teórico, ni de las nuevas corrientes en el derecho penal. Estos avances
nos permiten acceder a una comprensión amplia de la violencia sexual, entendida
básicamente como el ataque o la invasión al cuerpo de las mujeres, donde no
existe una relación entre iguales que consienten. En el ejercicio de la
violencia sexual se plasman relaciones de poder que se ejercen en el cuerpo de
las mujeres. En esta nueva negociación de significados, las mujeres son sujetos
de derechos con capacidad plena de exigirlos. La violencia sexual ejercida
contra las mujeres por el hecho de ser tales, es una violación a los derechos
humanos en la medida en que atenta contra derechos fundamentales como la integridad
personal, la libertad, el derecho a decidir sobre el ejercicio de la sexualidad
y la reproducción, entre otros. De esta manera, se convierte a la sexualidad y
a la capacidad reproductiva de las mujeres y a sus cuerpos en un espacio sobre
el que se perpetran las formas de violencia más brutales. La violencia sexual no se produce de una manera aislada o intermitente.
Es una constante, que se presenta en todas las regiones del mundo, bajo las más
variadas circunstancias, en regímenes democráticos, en conflictos armados, en
el ámbito de lo privado y en el mundo de lo público. Es ejecutada por los más
diversos actores, agentes del Estado, particulares, conocidos y desconocidos.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer define los ámbitos donde produce la violencia sexual: la familia,
incluidos el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violación por el marido;
la violencia sexual perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la
violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo,
en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la
prostitución forzada; perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que
ocurra.
6. CUERPO
CAPÍTULO
I
LA
VIOLACION SEXUAL
1.
La violencia contra las mujeres como
violación de los derechos humanos.
Es
ampliamente aceptada la noción de que, en la medida en que somos parte de la
especie humana, tenemos derecho a acceder a los más altos estándares de protección
en materia de derechos humanos. A pesar de la contundencia de este principio,
solo en las últimas décadas se empieza a configurar la complejidad de esta
afirmación de universalidad.
Por un lado, existe un claro repertorio de
características que constituyen lo humano y éste repertorio resulta ser
excluyente y afirmador de desigualdades. Grandes grupos humanos no se ven
reflejados en el principio de universalidad precisamente porque su pertenencia
a la especie humana es particular, no “son como” y por lo tanto no se ajustan
al repertorio universalizante. Como resultado, el principio de universalidad
concebido así de manera tan amplia, es un obstáculo para conseguir el derecho a
la igualdad.
Por otro lado, los estándares de consagración de
derechos humanos se proclaman como universales, pero en la práctica no tienen
capacidad de darse forma de acuerdo a las transformaciones y los cambios que
constantemente se producen en el mundo. En otras palabras, lo seres humanos
para los cuales son creados los estándares de protección necesitan ser
definidos de acuerdo a sus respectivas especificidades.
Debido a esta dinámica entre definición y
reconocimiento solamente en 1995 otra afirmación contundente aparece en escena:
los derechos de las mujeres son derechos humanos. Lo humano toma otra forma, se
amplía, se diversifica, se especifica. No se trata de una doble titularidad de
derechos, se trata más bien del reconocimiento a la existencia legal de las
mujeres como sujetos de derechos.
Evidentemente se trata de una batalla ganada por
los movimientos de mujeres y feministas de todo el mundo. En este contexto el
término “batalla” describe literalmente la dinámica de estos grupos. Han sido
décadas de interpelar las relaciones de poder que producen relaciones inequitativas
entre hombres y mujeres. Se han nombrado a los responsables de estas
desigualdades y se han propuestos cambios fundamentales en la forma de entender
los estándares de protección de los derechos humanos.
Las oposiciones han sido feroces, sobre todo desde
los miedos atávicos y la ignorancia de los fundamentalismos islámicos y
católicos. Sin embargo, luego de dos décadas y varias Cumbres Mundiales es
plenamente aceptado que los derechos humanos de las mujeres son derechos
humanos.
Desde la Conferencia mundial de Derechos Humanos de
Viena en 1993 se insiste de manera sostenida que la situación de las mujeres en
el mundo no puede ser analizada sin una categoría específica: género. A partir
de entonces el término toma tanta fuerza que solamente seis años más tarde
aparece en el instrumento más importante de derecho penal internacional, el
Estatuto de la Corte Penal Internacional.
En este punto, resulta imposible entender la
dimensión legal de los derechos de las mujeres sin una comprensión cabal de la
categoría género. El término es utilizado por las ciencias sociales para
analizar las complejas dinámicas de lo que en distintas sociedades se define
como masculino y femenino. La construcción social de lo que es ser hombre o
mujer no depende de las características biológicas sino de procesos en cambio
constante. De ahí que el concepto de género se refiere a los valores, actitudes
y normas que conforman la construcción social y no biológica de hombres y
mujeres.
2.
Violación sexual
La
tipificación de la violación sexual en la mayoría de los códigos penales de la
región, no da cuenta de su complejidad, más bien ha sido reduccionista porque
en general las normas aluden a la penetración vaginal con el pene. La violación
sexual es bastante más compleja y se produce en diversas circunstancias, en
condiciones de conflicto armado, en regímenes democráticos, y le sucede a
mujeres de todas las edades independientemente de su origen étnico o de su
condición de clase.
En Perú,
la Comisión de la Verdad y la Reconciliación investigó los hechos acontecidos
durante el período de violencia política entre los años 1980 y 2000. A lo largo
del conflicto armado que se vivió en ese país, se produjeron numerosos actos de
violencia sexual contra las mujeres peruanas por agresores provenientes tanto
del Estado como de los grupos subversivos, ya sea en sus incursiones en las
zonas de emergencia o durante las detenciones e interrogatorios. Los
testimonios señalan que a las mujeres les introducían en la vagina cuchillos o
palos. Mientras que durante el genocidio que se vivió en Ruanda en la década de
los 90, se informó que las mujeres fueron violadas con navajas, chiles picantes
(ají) o ácido.
2.1. Tipos de conductas consideradas como violencia
sexual
La violencia sexual se produce en los cuerpos de
las víctimas. Es en los cuerpos donde se concretan los actos de invasión a la
integridad física, psicológica o sexual de los seres humanos. Cuando se trata
de exigibilidad de derechos en casos de violencia sexual contra las mujeres,
esta dimensión de corporalidad desaparece. Los cuerpos son solo un dato que es
leído e interpretado desde los valores morales, las concepciones de género y
los roles asignados para las mujeres por el hecho de ser tales. De acuerdo a
este tipo de razonamiento, el cuerpo es solo un locus en donde se “tienen” que
plasmar de manera clara las señales y las huellas que el agresor haya dejado el
acto de invasión al cuerpo de las mujeres. La doctrina procesal penal las llama
pruebas y sin ellas las posibilidades de acceso a la justicia de desvanecen
hasta finalmente desaparecer.
Pero no solamente el cuerpo de las víctimas es
“sobre-significado” por la doctrina y práctica penal, también los agresores y
los espacios donde se producen la violencia sexual tienen significados y
valoraciones diferenciadas. Los esposos, los soldados, los guerrilleros, los
levantados en armas, los superiores jerárquicos solo recientemente son
considerados como sujetos activos en materia de delitos sexuales. La división
entre mundo público y mundo privado, consagra todavía inequidades respecto del
acceso a la justicia. El tráfico de mujeres y la esclavitud sexual como delitos
transnacionales todavía no han sido recogidos en la mayoría de las
legislaciones nacionales.
En la última década se ha producido un amplio
cuestionamiento a estos supuestos y se los ha cuestionado por ineficientes, por
limitados, porque no reflejan la realidad y no permiten el acceso a la justicia
a las mujeres víctimas de violencia sexual.
3.
La mujer
como objeto sexual
Y ocurre que la mujer en
estos discursos es una sinécdoque. Para decirlo simplemente: la mujer se define
no por lo que es sino por lo que hace. Y si estamos en el tema de discursos
sexuales, y estamos en estas calles de lima, lo que hace necesariamente
comprometerá el órgano sexual de la mujer. Y la mujer en estas calles no es más
que eso, su órgano sexual. La parte por el todo. La mujer en una chucha. Y nada
más. Podríamos acudir a las generalizaciones mujer – objeto y machismo para
explicar esto.
Como tendrá oportunidad de
advertirlo quien se adentre en el análisis, daría la impresión, en un
principio, que en el mundo hay” hembritas sanas y pendejas”. Las primeras
serian la esposa, la enamorada, la que está contigo por amor, es decir las
figuras femeninas cuyo contacto con el hombre no está marcado por el contacto
sexual. Frente a ellas las “pendejas”, dispuestas a todos con tal de satisfacer
su ilimitado apetito sexual. Obviamente, y porque a una dama, según expresión
popular, “no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa”, los discursos de
los vendedores de afrodisiacos orientan a la venta de sus productos no a las
damas, no a las hembritas sanas, sino a las pendejas. a estas, cuyo instinto
sexual las hace capaces de cualquier cosa, se les debe administrar cualquiera
de los productos ofrecidos por el vendedor.
Los vendedores de
afrodisiacos hablan, pues, de mujeres en general. De todas. y para todas son
sus productos. No es asunto, entonces, de que por oposición a las sanas las
pendejas sean enfermas aun cuando estos trabajadores trabajen formalmente este concepto. La propia alquimia
verbal hace que toda mujer referida en la plaza sea una “ninfómana de mierda”.
Más que desviación o enfermedad estaríamos ante la norma. y si esto es así, la
redención debe alcanzar a toda mujer.
La violencia sexual está más
que justificada. Ha sido argumentada en la plaza, de modo que los receptores
interpretan las situaciones de conducta de la interacción hombre –mujer como
habituales y propicias para cualquier acto de violación. De lo que se trata es
de saber analizar momentos y circunstancias y, finalmente, de acelerar un proceso exigido por la naturaleza de la
mujer.
La mujer no es más mujer. Es
una simple oquedad (es una chucha). y esa oquedad inerte la ubica en su exacta
dimensión, en aquella dimensión exigida por la auténtica redención.
La mujer es una parte y no
es un todo. No es mujer, es chucha, así mutilada la mujer, la violencia sexual
no es tal. Ni siquiera sería un asunto exclusivo de género. Cualquier persona
que no hable, y por lo tanto no existe,
puede ser merecedora de esta violencia sexual.
4. consecuencias de la violencia sexual
Las consecuencias de la violencia contra la mujer
pueden no ser mortales y adoptar la forma de lesiones físicas, desde cortes
menores y equimosis a discapacidad crónica o problemas de salud mental. También
pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por muerte como
resultado de lesiones permanentes o SIDA, o debido a suicidio, usado como
último recurso para escapar a la violencia.
Las violaciones, torturas, abusos sexuales y otros
actos de violencia impactan en los cuerpos, la salud mental, la sexualidad y la
salud reproductiva de las mujeres. En sus testimonios, las mujeres que han
sobrevivido a la violencia sexual acusan afecciones vaginales, enfermedades de
transmisión sexual, embarazos no deseados, esterilidad.
La violencia sexual en general, y la violación
sexual, particularmente tienen efectos devastadores para sus sobrevivientes.
La violencia contra la mujer establece los daños a varios niveles:
·
Daños físicos y fisiológicos que afectan temporal o
permanentemente la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres con
consecuencias graves para su salud sexual y reproductiva; Contagio con
enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y aumento del riesgo de
contraer SIDA, enfermedades inflamatorias de pelvis y cáncer cervical.
·
Embarazos no deseados.
·
Traumas emocionales profundos que se manifiestan en
depresión, incapacidad de concentración, perturbaciones del sueño y la
alimentación, sentimientos de enfado, humillación, autoinculpación, estrés
postraumático tendencias suicidas, entre otros.
·
Problemas sexuales como frigidez, temor al sexo,
funcionamiento sexual disminuido.
CAPITULO
II
LA
VIOLENCIA SEXUAL EN EL PERU
1. La situación de la investigación sobre
violaciones sexuales en el Perú
A pesar de las limitaciones de información, el estado de
la cuestión muestra la precariedad de la situación del país respecto a este
fenómeno, la alta tasa de ocurrencia del delito respecto del continente y la
vulnerabilidad de las mujeres y los menores de edad, principales víctimas de
este delito. La situación no ha cambiado mucho en los últimos diez años y ello
evidencia las severas dificultades de las instituciones del Estado para
prevenir, combatir y sancionar la violencia sexual, así como la vulnerabilidad
de las víctimas y las condiciones de inseguridad en la vida cotidiana de
nuestras ciudades.
El volumen de las cifras y las características de los
casos muestran un fenómeno que agrieta desde adentro nuestras sociedades,
exhibe en sus víctimas la brutal cotidianeidad de la violencia y recuerda el
largo camino que queda por recorrer en la construcción de un país más justo.
1.2.
En
qué instituciones se denuncian las violaciones sexuales
En el Perú, instituciones como la Policía Nacional, los
Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer, el Instituto de
Medicina Legal y el Ministerio Público registran denuncias y pericias llevadas
a cabo en diferentes momentos (y, en muchas ocasiones, un mismo caso es
registrado nuevamente en cada institución). ¿Cuáles son las cifras que se deben
considerar? Todas las cifras tienen una función dentro del proceso de registro
o dentro del circuito jurisdiccional, sin embargo, hemos optado por analizar
aquellas que registra la Policía Nacional, por varias razones. Primero, la
Policía recibe el número más alto de denuncias en comparación con las otras
instituciones; esto se debe a la cantidad de Comisarías en el país (en
comparación a las Fiscalías, Centros de Emergencia Mujer o establecimientos de
Medicina Legal). En las circunstancias actuales, la Policía constituye la
instancia más cercana, conocida y accesible para efectuar una denuncia (a pesar
de los problemas que tiene). Esto se evidencia en el siguiente gráfico:
Segundo, si bien la apertura de los Centros de Emergencia
Mujer (CEM) ha implicado un avance en el registro amigable y en el
acompañamiento de las víctimas de violación (y otros actos de violencia), los
114 Centros de Emergencia que había en el país hasta fines de 2010 (Ministerio
de la Mujer y Desarrollo Social 2011) son considerablemente inferiores en
número y capacidad de registro, respecto de las más de 1,200 comisarías que
existen (Defensoría del Pueblo 2010). Por otro lado, es recurrente que las
denuncias que son registradas en los Centros de Emergencia Mujer sean también
registradas en la Policía Nacional, y en menor medida directamente en Medicina
Legal y en la Fiscalía. Tercero, las cifras que registra Medicina Legal
corresponden a los exámenes de gineco-obstetricia y sexología, que son las
requeridas por la pericia médico-judicial para los casos de violación sexual.
Debe considerarse, sin embargo, que para que se practiquen estos exámenes sin
costo, las víctimas de violación sexual deben haber hecho la denuncia ante la
Policía o en el Ministerio Público, en donde se les debe entregar una copia de
la denuncia y una orden para la atención en Medicina Legal. Es evidente que si los
exámenes se producen a partir de una orden de la Policía o la Fiscalía, las
cifras de Medicina legal estén incluidas en las anteriores. Ahora bien, el
asunto es que la cantidad de exámenes en Medicina Legal es inferior en número a
las denuncias presentadas en la Policía Nacional, en gran medida debido a que
después de haber hecho la denuncia en una Comisaría, muchas personas no asisten
a los exámenes (y los casos no llegan al proceso judicial). Sin embargo, el
número anual de exámenes gineco-obstétricos efectuados por Medicina Legal es
muchas veces mayor a las denuncias registradas en la Fiscalía, lo que corrobora
que la mayor parte de las denuncias se hacen inicialmente ante la Policía (y
muchas veces no continúan en el circuito jurisdiccional de la denuncia).
Finalmente, es claro dentro del circuito que los
ciudadanos y ciudadanas pueden acudir directamente al Ministerio Público a
establecer sus denuncias; sin embargo, esto que resulta claro dentro del
circuito formal y para aquellos que conocen el sistema, no es un conocimiento
común entre los ciudadanos. Así, las denuncias de diversos delitos y, en este
caso, de la violación sexual, tienden a llegar al Ministerio Publico después de
haber pasado por la Policía Nacional o por los Centros de Emergencia Mujer (o
por ambos). En parte debido al desconocimiento de los ciudadanos, a la cercanía
física de las comisarías, a la distancia de las Fiscalías y la compleja
burocracia del proceso. Eso explica que las denuncias que registra el Ministerio
Público sean considerablemente menores que aquellas registradas en la Policía,
y que incluso sean muchas veces menores a la cantidad de exámenes practicados
por Medicina Legal. Por otro lado, es importante considerar que una vez hecha
la denuncia a la Policía, esta está obligada a poner en conocimiento del hecho
al Ministerio Público. Por ende, la menor cifra de denuncias registradas puede
deberse también a que no existan medios probatorios suficientes que relacionen
a la persona acusada con los hechos criminales (por lo que no todas las
denuncias realizadas en las Comisarías serán valoradas como tales y un número
de los exámenes practicados en Medicina Legal pueden resultar negativos).
Hay una diferencia considerable entre los datos
consignados por cada institución. Ello muestra que el circuito tiene varias
posibilidades de entrada, pero que hay una concentración en la Policía
Nacional. Entonces, es evidente que la Policía es la que registra el universo
más amplio de denuncias y registra los casos que en su mayoría vienen o irán a
otras instancias. Es una suerte de pivote de las denuncias por violación del
sistema jurisdiccional, las evaluaciones médicas y las instituciones locales de
asistencia.
Así, las cifras aparecen en minuendo, y la Policía es la institución que más denuncias
registra. Los Centros de Emergencia Mujer registran denuncias que tienden a
llegar también a la Policía y a la Fiscalía (pero a esta en menor cantidad que
a la primera). De las denuncias que llegan a Policía, solo un porcentaje llega
al circuito jurisdiccional, puesto que las víctimas renuncian a continuar el
proceso, por la alta burocracia del sistema, por temor o por los costos
económicos y logísticos que hay que invertir para llevar adelante un proceso
judicial. Eso explica por qué solo un pequeño porcentaje de las denuncias que
llegan a la Policía y aquellas que son trabajadas por la Fiscalía tienen una
sentencia efectiva y condena en prisión. Por otro lado, los
exámenes practicados en Medicina Legal suman una mayor cantidad que las
denuncias en Fiscalía. Esto se explica debido a que muchos de estos exámenes se
practican por orden de la Policía y sin pasar por Fiscalía, y que después de
haber sido practicados, las personas denunciantes renuncian a continuar el
proceso en el Sistema de Justicia.
De este modo, la
Policía cumple una función importante en la registro de los datos. Por un lado,
para muchos casos cumple una función de pivote entre los Centros de Emergencia
Mujer y las instancias jurisdiccionales. Por otro lado, cumple la función de
pivote en las denuncias de los ciudadanos hacia la Fiscalía (pues a pesar de
que los ciudadanos podrían ir directamente a la Fiscalía, hacen antes la
denuncia en la Policía). Finalmente, es, la mayor parte de las veces, el pivote
entre el ciudadano y Medicina Legal. Debe entenderse que esto no le quita
importancia ni funciones a ninguna de las instancias y mecanismos de denuncia,
pues cada una cumple funciones relevantes y diferentes en este proceso, pero
permite construir un argumento razonable para dirigirse a la cifra de la
Policía como aquella más relevante entre los datos existentes.
De todos modos, hay que considerar que en la cifra de la
Policía escapan aquellas denuncias que i) llegan a los Centros de Emergencia
Mujer y que van directamente a la Fiscalía y ii) aquellas denuncias que llegan
directamente a la Fiscalía sin mediar otra institución. Sin embargo, debido a
los elementos anteriores, es posible pensar que las dos posibilidades
anteriores implican solo un número menor de casos (lo que debe ser corroborado
con una metodología de contraste de registros, aunque no se tiene acceso
público a los datos desagregados de cada institución, lo que dificulta el
trabajo de determinación del número total de denunciantes en todas las instancias).
Aun así, es fundamental considerar que las cifras que
presentan las instituciones del Estado son parciales, pues hay una gran
cantidad de personas que no denuncian los delitos de los que son víctimas o
testigos. En el caso de las violaciones sexuales, este problema genera una gran
“cifra oscura”, que no permite la medición precisa del fenómeno y que recuerda
que los datos mostrados son solamente de un grupo pequeño de casos. Aunque no
se trata estrictamente de violaciones, el siguiente gráfico evidencia que
solamente el 16% de las víctimas de violencia familiar entre 2004 y 2009
hicieron la denuncia ante una institución del Estado. Este fenómeno alerta
sobre la situación de las denuncias sobre violaciones sexuales y permite pensar
en una considerable cifra oscura.
1.2.
La
cantidad de denuncias sobre violación sexual en el Perú
A pesar de los casos no denunciados, aquello que sí se
registra evidencia una situación compleja. En los últimos 15 años, los delitos
de violación de la libertad sexual han representado cada año entre el 2.3% y el
5% de todas las denuncias de delitos a nivel nacional. Las tasas siguen estando
entre las más altas de la región y las cifras se incrementan considerablemente
en los últimos años.
En el año 2009, se denunciaron entre 18 y 19 violaciones
al día, que distan de las 11 violaciones que se denunciaron diariamente en el
año 1995. Las víctimas potenciales de este tipo de delito son las poblaciones
vulnerables como las mujeres, adolescentes, niñas y niños (las denuncias de
violación de varones son escasas en comparación a aquellas).
En los últimos diez años, se han presentado 63,545
denuncias por violación de la libertad sexual. Es evidente que Lima es la
región del país que más denuncias concentra por el gran peso demográfico que
tiene respecto al resto del país. Lima es la región que mayor número de
denuncias reportó en los últimos 10 años, alcanzando el 38.4% del total,
seguido por el departamento de Arequipa que obtuvo el 6% de las denuncias. Los
departamentos con menor número de denuncias son Huancavelica con 0.23% de las
denuncias totales de los últimos 10 años, siendo su pico más alto el del año
2000 con 34 denuncias, llegando a cero en el año 2007. El segundo departamento
con menor número de denuncias es Pasco, con 0.29% del total de la década, que a
diferencia de Huancavelica muestra una tendencia variable debido a que muestra
ligeros incrementos de un año a otro para luego decaer.
Así como en las cifras generales, debe quedar claro que
la abundancia o poca cantidad de denuncias en estos contextos no se debe
necesariamente a que ocurran menos violaciones en los lugares que menos
denuncias se registra, sino más bien a que las posibilidades de denuncias sean
menores, que la ciudadanía no esté fortalecida o que haya impedimentos
económicos, lingüísticos, de desplazamiento, etcétera, para poder realizar la
denuncia. Por lo tanto, la ausencia de denuncias no significa ausencia de
delitos, sino, por el contrario, puede significar severos problemas para
establecer denuncias y para el seguimiento del debido proceso.
1.3.
Los
detenidos e inculpados por violación sexual
Entre el año 2000 y 2009, se produjeron 63,545 denuncias
por violaciones sexuales ante la Policía, pero solamente el 76.2% fueron
evaluadas ante la Fiscalía correspondiente (ello puede deberse a que no se
encontraron indicios suficientes que demostraran la acusación de la víctima o
que no se llegó a “individualizar” a quienes cometieron el delito). De las denuncias efectuadas por comisión del
delito de violación de la libertad sexual ante la Policía, solamente el 62% ha
implicado la detención del presunto perpetrador (lo que indica que en este
porcentaje de casos han existido suficientes medios de prueba que señalan como
autor de la comisión del delito a la persona denunciada.
En la última década, se detuvo a 29,149 personas
inculpadas por el delito de violación sexual, lo que representa el 5.2% de las
detenciones reportadas a nivel nacional en ese periodo (las detenciones
registradas por este delito oscilan entre 4.3% a 5.7% de las detenciones
totales registradas por cada año del periodo estudiado).
Lima es el departamento que muestra mayor número de
detenciones por violación sexual, alcanzando el 28.1% de las detenciones de la
década 2000-2009 (una vez más, es evidente que esto se debe al peso demográfico
de la capital), seguido por Cusco que registra 7.3%. Los departamentos con
menor número de detenidos por la presunta comisión de este delito en los diez
años anteriores son Moquegua y Pasco, ambos con 0.5% de las detenciones del
total de aquellas efectuadas por violaciones sexuales en la década.
De acuerdo al Registro Nacional de Detenidos y
Sentenciados a Pena Privativa a la Libertad Efectiva (RENADESPPLE), en el año
2010 se detuvo a 2,910 personas por la presunta comisión del delito de
violación sexual, lo cual representa el 4.6% del total de detenidos de ese año.
2. El sexo y la edad de las víctimas en las
denuncias por violación sexual en el Perú
Es una tendencia que las víctimas de violación sexual
sean, en considerable mayor número, las mujeres. Tanto en situación de
conflicto o invasión, como en la vida cotidiana de las ciudades modernas, esta
tendencia se ha mantenido. Así, no es extraño que en el 93% de las denuncias
por violación sexual recibidas por la Policía Nacional entre el año 2000 y el
2009, la víctima sea una mujer, lo que equivale a 58,874 denuncias. Solamente
el 7% del total de la década (4,661) son denuncias que tienen como víctima a un
varón. Es evidente que la mayor cantidad de víctimas de las violaciones
sexuales son las mujeres.
La distribución porcentual por sexo de la víctima durante
cada año no difiere mucho del total de la década. Así, en el año 2009, el 94.6%
de las denuncias a nivel nacional tienen como víctima a una mujer, mientras que
las víctimas varones son solamente el 5.4% restante, lo que mantiene la
tendencia de los años anteriores (incluso de 2001, que fue el año en el que se
registraron más denuncias de varones víctimas de violación sexual, con 8.7% del
total de ese año). De este modo, en cada año de la década el porcentaje de
mujeres que ha denunciado haber sido víctima de violación sexual fue siempre
mayor del 90% de las denuncias totales, mientras que el porcentaje de varones
nunca superó el 10% del total anual. La distancia entre las cifras evidencia la
situación de vulnerabilidad de las mujeres respecto a este delito. Al mismo
tiempo, permite pensar que no se trata solamente de la ausencia de denuncia de
los varones víctimas de violación.
3.1.
Sobre
la edad de las víctimas en las denuncias
Si bien la mayor parte de las denuncias implican una
víctima mujer, esas denuncias concentran a las víctimas en un rango de edad
menor a los 18 años, de manera que las principales víctimas de violación
sexual, según las denuncias que registra la Policía Nacional, son las mujeres
menores de edad.
Es evidente que, en todos los años, las víctimas menores
de edad constituyen más del 75% del total de víctimas de violación de la
libertad sexual denunciadas a la Policía. Así, es también una evidencia que las
mujeres en general, las mujeres menores de edad y los varones menores de edad
son el grupo más afectado por las violaciones sexuales.
2.2.
Las
principales víctimas: mujeres menores de 18 años
De cada 5 víctimas mujeres de violación, 4 son menores de
edad y, del mismo modo, de cada 5 víctimas varones, 4 son menores de edad. Hay
que considerar, sin embargo, que en las denuncias presentadas a la Policía, las
víctimas mujeres son considerablemente más numerosas que los varones. Si bien
el porcentaje de mujeres menores de edad es menor al de los varones en la
proporción de cada grupo (78% y 85% respectivamente), la cifra real de la
población de mujeres menores de edad víctimas de violación es ampliamente
superior a la de varones, pues el 78% representa 45,736 víctimas mujeres
menores de edad en la década. El grupo de personas mayores de edad es
considerablemente inferior al de menores, y dentro de este grupo la concentración
está en el rango que va de los 14 a los 17 años.
Alrededor del 10% de las víctimas son menores de edad
entre los 0 y 9 años, alrededor del 25% entre los 10 y 13 años, y alrededor del
45% entre 14 y 17 años. La concentración en estos grupos de edad es evidente
durante toda la década y las variaciones no han sido radicales en los años que
la componen. Esto permite pensar dos cosas: por un lado, que hay una alta
victimización de las personas menores de edad por su condición de
vulnerabilidad, dificultad para resistirse a las agresiones y por la
posibilidad de manipulación. Por otro lado, es evidente, en la mayoría de los
casos, que las denuncias efectuadas en las que las víctimas son menores de edad
no son hechas por ellos mismos, sino por una tercera persona. ¿Quién es este
tercero denunciante? Pues normalmente un familiar consanguíneo que da cuenta
del hecho a la Policía.
Ahora bien, que la denuncia de violaciones sexuales de
menores de edad sea hecha por un tercero (familiar por lo general) muestra que i)
el hecho ha tenido que ser descubierto por un tercero y, por lo tanto, no
siempre es la primera vez que se ha cometido el delito con la misma víctima.
Ello permite pensar que las víctimas menores de edad tienden a sufrir varias
violaciones y agresiones antes de la denuncia presentada. ii) Que normalmente
el agresor en el caso de las víctimas menores de edad tiende a ser alguien
relacionado al núcleo familiar o a la vida cotidiana de la familia. Esta
posibilidad aparece racional debido a que los menores de edad tienen un entorno
de socialización y dispersión de los vínculos sociales más reducidos que
quienes son mayores de edad.
3.
El
estado de la víctima post-violación y su relación con el victimario
3.1.
Los
vínculos previos entre el victimario y la víctima de violación sexual
Según los datos existentes, es posible pensar que en gran
parte de los casos denunciados hay algún tipo de relación entre el victimario y
la víctima, previa a las violaciones sexuales. Esta tendencia aparece
reflejada en la existencia de un patrón de seguimiento a la víctima, en la
cercanía física y de residencia entre el victimario y la víctima o en el tipo
de relación que sostenían. Sin embargo, hay un sub-registro de este tipo de
relación, lo que no permite dar cuenta con precisión de la magnitud de estos
casos y de los patrones espaciales, de seguimiento, residencia y vínculo entre
las víctimas y los victimarios. Aun así, la información de la Policía Nacional
muestra que en casi todos los años estudiados, en más del 25% del total de las
denuncias, las víctimas mantenían algún tipo de “relación directa” con el
perpetrador de la violación sexual.
Sin embargo, ¿qué significa la categoría “relación
directa” para la Policía? La categoría es confusa y ha variado en los últimos
años. El problema principal es que incluye solamente vínculos formalmente
establecidos y reconocidos (matrimonio, filiación, relación laboral), pero deja
de lado vínculos que no son estables (la amistad, por ejemplo, la relación de
“enamorados”, etcétera). Eso genera un problema en la recolección y
clasificación de la información sobre esta variable, pues dentro de la
categoría “relación no directa” se pueden encontrar situaciones en las que la
víctima y el victimario eran “amigos”, “conocidos” o “compañeros”, junto con
“desconocidos”. Esto hace que el porcentaje de violaciones a “personas con las
que se tiene una relación directa” sea menor a la real.
En aquellos casos en los que se utiliza la categoría
“relación directa”, la Policía construyó subcategorías como “discípulos”,
“aprendices domésticos”, “hijos adoptivos”, “hijo de cónyuge” o “menor confiado
a su cuidado” (utilizados entre el año 2000 y el año 2004). Desde el año 2005
en adelante, las subcategorías cambian y se empieza a emplear “discípulo”,
“hijo”, “hijo de cónyuge”, “menor confiado a su cuidado” y “pariente” (que
involucraría todos los vínculos consanguíneos y los de afinidad).
Además, dentro de la categoría “relación no directa” se
ha utilizado la subcategoría “otros”, que genera más confusiones. En esta
categoría se encuentran los casos de denuncias por delito de violación a la
libertad sexual en los que el perpetrador “no tenía relación directa” o
“cercana” con la víctima, incluyendo como “no cercano” o “no directo” cuando el
victimario es el “enamorado o enamorada” o el “novio o novia” de la víctima.
Según la Policía, los enamorados, enamoradas, novios y novias, son excluidos de
la relación “directa o cercana” porque “estas personas no mantienen vínculo
jurídico, por afinidad o consanguíneo con la víctima”.
En resumen, dentro de la categoría “relación no directa” están incluidos los
“compañeros o compañeras”, “amigos y amigas” y “conocidos y conocidas” de la
víctima (junto con desconocidos en general); y en su subcategoría “otros” están
incluidos los “novios”, “novias”, “enamorados” y “enamoradas” junto con otros
actores no determinados. Es evidente que este criterio de clasificación no
permite una lectura profunda del tipo de relación entre víctima y victimario y
oscurece una situación que parece ser recurrente: que el victimario tiende a
conocer de antemano a la víctima. Esta situación permite pensar que no son
necesariamente los “desconocidos” o los “extraños” los principales
perpetradores de las violaciones sexuales, sino más bien, que el perpetrador
está en los círculos próximos de las víctimas. Esto se debería contrastar con
la información sobre el lugar en que ocurre la violación sexual, pero la
información no ha sido recogida ni sistematizada por la
Policía y en las Fiscalías aparecen como datos fragmentarios
(es posible entonces que muchos de estos casos ocurran en el seno del hogar, la
casa-habitación-residencia o en espacios cercanos al tránsito regular de la
víctima).
3.2.
El
tipo de relación con el victimario
El 24% del total de las denuncias entre los años 2000 y
2009 hubo una relación directa entre el victimario y la víctima, reconocida por
la Policía Nacional. Es decir, hubo 33,486 denuncias en donde hubo una relación
directa entre la víctima y el victimario (por consanguinidad, afinidad o por un
vínculo formal laboral o de docencia). Así, del total de denuncias de delitos
de violación a la libertad sexual, en al menos 1 de cada 3 denuncias el
perpetrador mantenía algún vínculo con la víctima (aunque es importante
insistir en que este es un dato que implica un subregistro y es evidente que el
número es considerablemente mayor).
Como se ha mencionado antes, las categorías utilizadas
entre los años 2000 y 2004 son diferentes a las usadas entre los años 2005 y
2009. En el primer periodo, la categoría “Hijo o hija del cónyuge o la cónyuge”
es la que tiene mayor número, con 1,707 denuncias, seguida de la categoría
“menor confiado a su cuidado”. En el segundo periodo, la categoría “pariente”
obtuvo 4,504 denuncias, siendo el año 2007 en el que mayor número se
reportaron.
3.3.
Sobre
el número de perpetradores en una violación sexual
Además de la relación del victimario y la víctima, es
importante determinar cuántos victimarios comenten el delito. Esto es relevante
porque permite determinar el modo criminal de los casos, los patrones de
agresión y ejercicio de la violencia, y los mecanismos utilizados por los
perpetradores. Es claro, según la información expuesta hasta ahora, que las
víctimas suelen ser (en abrumadora mayoría) mujeres menores de edad. Asimismo,
parece ser que en muchos de estos casos el victimario conoce de antemano a la
víctima y suele ser un varón. Esto se relaciona con claridad a la data que
muestra que la violación sexual es llevada a cabo por un solo perpetrador en la
mayoría de los casos. Las violaciones colectivas, o aquellas llevadas a cabo
por más de un perpetrador, son considerablemente menores en número.
El número de denuncias que se registraron con un solo
inculpado fueron 57,586, que es el 91% de las denuncias reportadas entre el periodo
de 2000 a 2009. Solo en 9% de los casos hubo más de un victimario, clasificados
en dos grupos: las denuncias que reportan a dos violadores (que suman 4,366 en
los 10 años estudiados) y el grupo de denuncias en las que se señala a tres o
más personas (que suman 1,594 en toda la década).
La tendencia es que las violaciones suelen ser
perpetradas por una sola persona (un varón adulto). Los porcentajes han variado
entre 86.6% (porcentaje alcanzado en el año 2000 con 5,277 denuncias) hasta el
92.9% de los casos (reportados en el año 2009, que alcanzó 6,273 denuncias). En
el caso de las violaciones llevadas a cabo por más de una persona, el
porcentaje varió entre 7.1% (correspondiente al año 2009, el número más bajo de
la década con 478 denuncias, de las cuales 354 denuncias sindican a dos
personas como presuntos responsables por la comisión de este delito y 124
denuncias sindican que fueron 3 a más los victimarios) y 13.4% (correspondiente
al año 2000, el porcentaje más elevado con 819 denuncias, de las cuales se
sindica a 2 personas como autores del delito en 631 casos y a 3 o más personas
en 188 denuncias).
3.4.
El
uso de la violencia y el estado de la víctima
Si bien la violación sexual implica un delito que vulnera
la libertad de las personas, no necesariamente implica otras acciones de
violencia física previa o durante a la violación. Es evidente que las amenazas
y la coacción psicológica son mecanismos recurrentes para perpetrar una
violación; aunque algunos operadores de justicia y las fuerzas policiales
siguen buscando, en muchos casos, el uso de la violencia física como elemento
necesario para poder determinar si se trata de una violación o un intercambio
sexual consentido. Esto, evidentemente, genera problemas en la investigación
policial y en el peritaje psicológico y el posterior juicio, pues se busca un
indicador de violencia física que no siempre aparece y que no es necesario para
la comisión de ese delito.
Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal, entidad
encargada de realizar los exámenes de reconocimiento de obstetricia y
“sexología forense”, muestra que las víctimas menores de edad o con alguna
anomalía psíquica o estado de inconciencia son, por lo general, las víctimas
que menor resistencia ponen al acto sexual y en las que la violencia física
previa o durante la violación no aparece regularmente, pues son fácilmente
sometidas. En casos en que las víctimas están conscientes y son mayores de
edad, la resistencia física puede llevar a agresiones previas, durante o
después de la violación sexual, que pueden generar daños graves (Medicina Legal
2010), pero esto no siempre es recurrente. Se discute entonces si la
resistencia física es un indicador necesario para determinar la violación y se
contra argumenta que i) no necesariamente, pues en muchos casos el sometimiento
por la asimetría del uso de la fuerza física potencial evita el enfrentamiento
y la resistencia violenta; ii) en algunos casos el sometimiento y la no
resistencia violenta aparecen como una reacción de la víctima para evitar daños
más graves e incluso la muerte. Por lo tanto, no siempre es un indicador
criminalístico determinante de la violación es el consentimiento. Sin embargo,
las categorías que la Policía emplea para dar cuenta de las ocurrencias en esta
variable no son del todo claras ni específicas. De acuerdo con esta
clasificación, la coacción puede ser ejercida por medio de “violencia”,
“amenaza” y “otros”. Lo importante de estos datos, a pesar de que sean
parciales y poco claros, es que hay un alto número de violaciones sexuales en
las que no fue necesario el uso de la violencia física para someter a la
víctima. Esto está relacionado con i) el tipo de víctima que aparece como la
más recurrente, las mujeres menores de edad, que tienen menos posibilidades de
resistencia física y en las que el sometimiento resulta una estrategia para
evitar daños físicos mayores; ii) el tipo de relación entre el victimario y la
víctima, en la que la hipotética relación consanguínea, de afinidad o de
cercanía de algún tipo, genera coacción psicológica a la víctima y no
necesariamente violencia física distinta de la violación sexual.
Por lo tanto, este tipo de violaciones sexuales, el tipo
de agresión y cantidad de victimarios hacen que se trate de un espacio de
sometimiento en el que no necesariamente hay violencia física (además de la
sexual) y tampoco la muerte posterior de la víctima. En efecto, en 3 de cada 4
casos la víctima fue hallada en “estado consciente” y no presenta heridas
graves producto de la agresión; y en menos del 0.4% de casos totales se produce
la muerte de la víctima de la violación. Es claro que la gran mayoría de las
víctimas (más del 78% de los casos) está consciente cuando es “encontrada” por
la Policía. En cada año, la cifra no ha sido nunca menor del 74% de todas las
denuncias, oscilando entre 4,094 (cifra más baja, reportada en el año 2001)
hasta 6,279 (la cifra más alta, registrada en el año 2008). Esto, además,
muestra una situación concreta: que tiende a suceder que las víctimas son las
se desplazan a las Comisarías después de la violación, no son los efectivos
policiales los que acuden al lugar de los hechos a socorrer a la víctima (por
falta de efectivos, por saturación de sus funciones, por negligencia o porque
las víctimas no los llaman o no tienen medios para hacerlo o conocimiento de
las vías de atención).
Como en algunos de los temas tratados, las categorías que
utiliza la Policía no son del todo precisas. En este caso, se utiliza la
categoría “consciente”, “inconsciente”, “muerto” y “traumado” para referirse al estado de la víctima después de la
violación. En casi el 80% de los casos, las víctimas están conscientes y son
ellas mismas las que acuden a las comisarías a presentar las denuncias (como
hemos indicado, no son encontradas en la escena del crimen por la Policía o por
la Fiscalía) y no siempre acuden a sentar la denuncia inmediatamente después de
la violación. Por otro lado, no se determina si hay heridas ni de qué tipo
(heridas leves o graves y tipos de lesiones, por objeto contundente, golpes con
los puños o pies, cortes o heridas de bala). Eso impide determinar con
precisión el estado de salud de la víctima “consciente”. Finalmente, hay un
problema respecto al uso de la categoría “traumado”,
que hace referencia a encontrar a una víctima en estado de “shock”, pero no
inconsciente (el shock entendido como “una fuerte impresión después de la
agresión”). En efecto, la categoría “trauma psicológico” solamente puede ser
atribuida cuando la víctima ha pasado por una pericia que estudia y determina
que la agresión ha dejado como consecuencia dicha situación. Esto es
problemático porque, en el momento de la denuncia, en la Comisaría las víctimas
no pasan por una pericia psicológica, por lo que no es posible determinar dicho
estado (parece ser que la categoría se asigna según la interpretación no
especializada del efectivo de turno). Posteriormente, estas categorías pueden
ser utilizadas en los procesos judiciales para determinar el estado de la
víctima y la gravedad del ataque sufrido, aun cuando el dato no es preciso y la
información no es pericial. En efecto, por ejemplo, en el año 2008, se
denunciaron 7,560 violaciones sexuales en el Perú, pero solamente 676 mayores y
menores de edad pasaron la pericia del Departamento de Psicología Forense de la
Policía por violación sexual (Policía Nacional del Perú 2008: 139).
Este problema de categorización de datos sin haber
realizado una pericia hace que se construya información que no siempre es
precisa. Esto sucede en el caso de la información sobre el “estado físico y
mental de la víctima cuando se produjo la agresión”. En esta sección, la
Policía utiliza seis categorías, que son: a) “Anomalía Psíquica”, cambiada en
el año 2005 por “Anomalía Física”; b) “Alteración de la Conciencia”; c)
“Retardo Mental”; d) “Incapacidad para resistir”; e) “Normal”; y f ) “Otros”.
De estas categorías, “Normal” representa el 53.5% de las denuncias realizadas
entre 2000 y 2009 (aunque en el año 2000 aún no existía esta categoría).
La categoría “normal” es tan abierta que resulta poco
clara, ya que su significado puede prestarse a muchas interpretaciones. ¿Cuál
es un estado “normal” y cómo es determinado? Lo mismo sucede con categorías
como la “Anomalía psíquica” (utilizada hasta el año 2004) y la “Alteración de
la conciencia”. Estas categorías requieren de una pericia que la Policía no
hace en el momento de la denuncia (y cuya evaluación y resultado tienen métodos
complejos que en el caso peruano le corresponden a Medicina Legal o incluso a
la División de Psicología Forense de la Policía). Por otro lado, la categoría
“otros”, como en casos anteriores, también contribuye a oscurecer parte de la
información sobre las denuncias de este tipo de agresiones (es referida en dos
años como ubicada por encima del 49% de las denuncias registradas por la Policía,
es decir, es una de las categorías con mayor cantidad de casos, pero también la
menos clara de todas). Finalmente, la categoría “Incapacidad para resistir”
tampoco está determinada con indicadores concretos y diferenciables de las
otras categorías. La discusión respecto a la precisión de la terminología no es
manida.
Por el contrario, se refiere a un tema fundamental en el
estudio criminológico del fenómeno de la violación sexual y permite construir
un perfil de las víctimas. Pero también existe otra razón importante, y es que
muchas veces el uso de estas categorías, incluso sin ser periciales y sin ser
fruto de una evaluación exhaustiva, sino de una percepción del agente
responsable de ingresar la data de la denuncia, puede ser utilizado por la defensa
del perpetrador para indicar que la víctima “no tenía incapacidad para
resistir” o era “normal” (cuya menor consecuencia negativa puede llegar a
quitar el agravante al delito).
La clasificación “Normal” tiene una tendencia oscilante
entre los años 2001 y 2004, siendo su cifra más baja la registrada en el año
2003, con 20% de las denuncias. A partir del año 2005, la tendencia ha sido de
incremento constante, alcanzando el 84.5% de las denuncias en el año 2009. Las
otras categorías con mayor número de denuncias, en el periodo señalado, son
“Otros” con 22% e “Incapacidad para resistir” con 21.3%. En la primera de estas
categorías se reúne una diversidad de tipos inconexos que ha dificultado su
agrupación bajo un paraguas denominativo; los porcentajes de cada año son
variables debido a que en un inicio (año 2000) la categoría “Normal” se
encontraba incluida en la categoría “Otros”. En los últimos 3 años, la
categoría “Otros” solamente alcanza el 4% de las denuncias. En cuanto a “Incapacidad para resistir”, se
muestra las mismas variaciones que en la categoría “Otros”, al inicio la década
con 47.9%, para finalizar en el año 2009 con 8.4% de las denuncias reportadas.
Con valores inferiores aparecen los estados de “Alteración de la conciencia” y
“Retardo mental”, ambos con 1.2% de las denuncias realizadas en ese periodo de
tiempo. La categoría con menor porcentaje entre 2000 y 2009 fue la de “Anomalía
psíquica” con 0.9% de los porcentajes. Esta categoría es cambiada en el año
2005 por “Anomalía física”, pues la Policía reconoce que no puede determinar
este estado pericialmente.
En el intento por construir una terminología ligada a la
jurisprudencia, se suspende y, en ocasiones, se oscurece el dato
criminalístico. Es evidente, además, que la Policía no puede determinar en una
denuncia hecha en pocos minutos y que no ha pasado por la pericia i) si hay una
anomalía psíquica; no puede determinar si ii) hay alteración patológica de la
conciencia; iii) no puede determinar el estado “normalidad”, si es que no se
hace un peritaje profundo de la víctima. Es más, esta categorización imprecisa
y sin referencia científica y data criminalística en la denuncia tiende a
generar interpretaciones posteriores que pueden resultar tendenciosas (si es
que la víctima no está en estado de shock o “trauma”, se duda de su situación
de víctima; si es que esta no presenta resistencia y está golpeada, se duda de
la veracidad de la denuncia, etcétera). Esto sugiere que las categorías de uso
de la psiquiatría y psicología forense sean i) determinadas por un perito o ii)
utilizadas solamente en la estricta necesidad de determinar al presunto
responsable y no a “evaluar” a la víctima (que es la tendencia en la
criminología y el uso de herramienta criminalística contemporánea).
CAPÍTULO
III
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER.
1.
La morada.
Las actividades humanas son multidimensionales. Se trata
de “la labor de nuestros cuerpos” que se refiere a todas aquellas actividades
para “ganarse la vida”, para reproducir el ciclo biológico de sí mismos,
reproducir la especie y reproducir la naturaleza. Se trata del “trabajo de
nuestras manos” –que idea nuestra mente más allá de lo biológico–, que fabrica
o realiza la interminable variedad de bienes y servicios, cuya suma total es el
artificio del mundo humano. Se trata de la “palabra
y la acción” en la esfera de los asuntos humanos, del Estado y la sociedad42.
El recogimiento en la morada, el hogar, la casa, la habitación son una
mediación fundamental para humanizar estas actividades humanas, para no caer en
la condición animal de la supervivencia salvaje.
1.2.
La destrucción de la morada.
La humanidad, en su inicio, se revela en la morada como
lo femenino y la feminidad. La marginación de clase y la discriminación de
casta, la dominación y sumisión patriarcal y la bestialidad de la violencia
contra la mujer es la destrucción de la morada, de la ternura, de las
relaciones respetuosas y democráticas entre géneros y edades, las familias, la
amistad y la hospitalidad. Es la desmesura de la supervivencia
salvaje que podemos encontrar en las actividades humanas de los pobres,
desiguales, discriminados y estigmatizados, que nos revelan las propias mujeres
en los grupos focales realizados en Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.
1.3.
La supervivencia cotidiana.
La principal angustia de las madres es la supervivencia
diaria, el día a día, conseguir “cachuelitos” para traer “platita” y dar de
comer a hijas e hijos. Recorren toda la ciudad y su propio pueblo, los conocen
como la palma de su mano. La principal preocupación de las hijas es cómo
superar la triple encrucijada: “misia, chamba, cachuelo”, “¿el que estudia
triunfa?” y “vivir peligrosamente y en ¿riesgo permanente?”
1.4.
Violencia directa y difusa.
La atmósfera humana de la ciudad y de las zonas de
residencia (zonas peligrosas), del transporte público, de la compra diaria en
el mercado, los centros educativos y el hogar es la de un hábitat urbano
–público y privado– cargado de violencia directa y difusa, que discrimina a la
mujer a una escala de horror. ¿Las voces de las mujeres en los grupos focales
combinan percepciones surgidas del miedo y la inseguridad con hechos letales
nacidos de la constatación de la supervivencia salvaje que las victimiza? La
violencia está en la calle y en la casa. La angustia y el miedo materno tienen
un doble signo. De un lado, por las hijas e hijos, ante el riesgo de que sean
víctimas de todo tipo de infracciones y delitos; de otro lado, porque se
inclinen hacia la violencia, asociándose primero a las pandillas, y luego... a
la delincuencia y hasta el crimen.
1.5.
Una reflexión: violación y abuso sexual en la calle
y en la casa.
El monstruoso delito de la violación y el abuso sexual
contra niñas y niños, adolescentes y jóvenes adultas no se produce sólo en el
espacio público sino en el privado. En este sentido, los grupos focales no
logran hacer transparente esta tragedia que, probablemente, es el test más visible de la discriminación
y la violencia contra la mujer. Es una discriminación de clase, de casta y
patriarcal que condena a la mujer a vivir envuelta en la vergüenza y la culpa
por su condición femenina. La violencia es una producción cultural humana, no
una reacción instintiva.
En los grupos focales muchas veces las víctimas femeninas
aparecen como las “culpables provocadoras” y el victimario masculino como
“provocado en sus bajos instintos”: esta idea socio cultural y psicosomática
sobre el cuerpo de la mujer y sobre la imagen pública femenina es una trampa
inquisitiva de raíz patriarcal o vulgarmente machista. Bajo esta mentalidad,
las niñas y los niños, objetos de violación y abuso sexual, son las
no-personas, los que no tienen derecho alguno.
La seguridad ciudadana está claramente percibida como un
problema en los espacios públicos. Cuando se pregunta por seguridad ciudadana,
el tema de la violencia contra la mujer, padecida en el ámbito privado, se
desdibuja.
1.6.
¿nuevamente replegadas al espacio doméstico?
Los grupos focales nos revelan cómo los esfuerzos de las
mujeres de salir del espacio privado (estudio, trabajo, organización social y
política), para empezar a decidir, desde lo público, las cuestiones que afectan
sus vidas y la de la sociedad en su conjunto –este proceso de construcción de
su autonomía como ciudadana–, se ve fuertemente amenazado por la inseguridad,
el miedo y la violencia infractora y delictiva. Este es un asunto que debe ser
muy responsablemente abordado por todos y, particularmente, por las autoridades
estatales.
El espacio doméstico es un lugar de violencia, tal como
lo indica el estudio sobre prevalencia que realizó Flora Tristán, la
Universidad Cayetano Heredia y la OMS en 2001, señalando que en Lima un 51 por
ciento de las mujeres son víctimas de la violencia por su pareja en el hogar.
Estamos en el décimo aniversario de la Convención de
Belém do Pará, la gran Convención hemisférica para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer. La responsabilidad internacional del
Estado no reside solamente en el hacer sino, fundamentalmente, en el no hacer
lo indispensable para que esta violencia tan masiva sea eliminada en sus causas
y aliviada en sus consecuencias.
1.7.
La violencia de género.
Señalamos anteriormente las distintas expresiones de
violencia –económica, cultural, social, política–, y la violencia de género
atravesando las mismas, como correlato y continuidad de la desigualdad y
subordinación de las mujeres en todas las sociedades, independientemente, de su
sistema político y económico. La violencia ejercida sobre las mujeres es una
violencia compartida por distintos países, ricos y pobres, lo que significa
desmontar el estigma que vincula esta violencia con los países pobres y con los
sectores sociales más marginados. Porque está demostrado que los hombres que
ejercen violencia sobre las mujeres son, en general, hombres socializados e,
incluso, un significativo porcentaje de ellos posee estudios universitarios. Se
trata de pautas culturales arraigadas en el sistema patriarcal que constituye
la base de nuestras sociedades y son las transformaciones culturales a las que
tenemos que apelar para remover comportamientos y conductas basados en la
dominación y subordinación de las personas. La sensibilización de la sociedad sobre
esta realidad, requiere argumentos y conocimientos que legitimen las demandas
de cambio, en particular, si se trata de demandas desde las mujeres.
1.8.
Patrones comportamiento y estereotipos de género en
la ciudad.
Para ejemplificar, quiero mencionar el estudio realizado
en cinco ciudades del MERCOSUR con apoyo de UNIFEM y que coordinamos desde
CISCSA49. Se trata de una encuesta sobre el uso del espacio público por parte
de varones y mujeres, donde interesaba indagar, además, acerca de los cambios o
permanencias de determinadas conductas, de los comportamientos que la sociedad
asigna a varones y mujeres y las ideas subyacentes que podrían sustentar las
explicaciones acerca de las violencias ejercidas sobre las mujeres. Los
resultados mostraron que, en una clasificación que diferenciaba respuestas
progresistas y conservadoras en sus distintos matices, las mujeres eran en
promedio más progresistas que los varones, pudiendo reconocer cambios en las
maneras de pensar, inclusive con variaciones entre las distintas ciudades. Sin
embargo, sorprendió verificar que aún subsisten en nuestras sociedades fuertes
pautas culturales que resultan discriminatorias para las mujeres, tales como el
“deber” casi excluyente para éstas, de priorizar la crianza de los hijos sobre
su actividad personal (profesión, trabajo); o bien la responsabilidad de las
mujeres a la hora de ser víctimas de violencia en la ciudad (por su forma de
vestir, o los horarios y lugares públicos por donde transitan). La forma de
socialización de niños y niñas es un aspecto determinante para la utilización y
apropiación del espacio. Hay estudios que demuestran cómo las niñas tienen
menos permisos para moverse y circular solas en el barrio y en la ciudad, o lo
hacen en edades más tardías que los varones (andar en bicicleta por el barrio);
y, por lo general, salen acompañadas o se las educa infundiéndoles el temor de
lo público y de desplazarse solas, etc. Estos son, sin duda, aspectos a
considerar cuando hablamos de promover transformaciones culturales.
2.
El espacio urbano no es neutro.
Si bien consideramos que una ciudad más segura se basa en
la promoción de los derechos ciudadanos y de las mujeres en particular, no
debemos dejar de considerar otras herramientas que sin duda aportan a la
creación de ambientes más seguros. Una de estas herramientas es la
planificación física del territorio. El espacio, su conformación y atribuciones
no pueden resolver por sí mismos el problema de la violencia, pero tampoco es
un factor neutro: puede contribuir a promover mayor seguridad o, de lo
contrario, favorecer los hechos delictivos. El espacio, sus atributos, son en
última instancia las relaciones sociales que posibilita. Un espacio público que
fortalece las redes sociales, que promueve la interacción social, que identifica
a los ciudadanos y ciudadanas con su barrio y ciudad, es sin duda un espacio
cuya percepción de inseguridad será menor. En este sentido, el espacio tiene
tres aspectos a considerar desde las políticas públicas: 1) la calidad y las
características físico espaciales del mismo, 2) las actividades que se realizan
en él y 3) quiénes utilizan el espacio. Los dos últimos aspectos dependen en
gran medida del primero.
Compartimos con las geógrafas y sociólogas urbanas –que
fueron las pioneras hace más de dos décadas en aportar una mirada de género a
la ciudad– que el territorio no es neutro de género. A manera de ejemplo,
podemos citar que la calidad de vida se mide entre otras cosas por el mayor o
menor acceso a las actividades y servicios en general; esto depende del acceso
al transporte público y la calidad de los traslados que posibilita.
Ello supone conocer que las mujeres, en mayor proporción
que los varones, realizan simultaneidad de actividades complementando
responsabilidades domésticas y laborales remuneradas; lo cual implica
utilización de guarderías, lugares de abastecimiento, centros de salud y
recreación de niños. Es decir, que los recorridos de varones y mujeres pueden
diferir no solo espacialmente, sino en los horarios de traslado. Por lo tanto,
conocer cómo y dónde se trasladan ciudadanos y ciudadanas es una condición
indispensable para planificar, eficientemente, las redes de transporte público.
La seguridad es hoy un atributo importante del espacio y, en el caso del
transporte, con el cual estamos ejemplificando, implica tener en cuenta todos
los componentes del sistema en su conjunto: los sitios de espera, la
iluminación de los mismos, las características de los trayectos a los puntos de
acceso, entre otros. Desde las políticas urbanas el diseño de estos aspectos
condiciona la percepción de seguridad-inseguridad y resultan vitales para
promover u obstaculizar la movilidad de las personas y en especial de las
mujeres; las cuales se sienten particularmente expuestas a situaciones de
agresión en espacios abandonados y sin control social.
3.
Participación de los involucrados.
Los aspectos señalados hasta aquí vinculados a una ciudad
sin violencia hacia las mujeres, no pretenden ser únicos ni excluyentes; son
sólo algunos puntos a compartir para aportar al debate. Se trata de una
problemática compleja y multidimensional, que implica aspectos socioculturales,
la asistencia a las víctimas, la prevención de la violencia y la promoción de
los derechos es un proceso que tiene que ir indisolublemente ligado. Asimismo,
es necesario incorporar los diferentes puntos de vista de los grupos sociales
urbanos –sean de varones como de mujeres–, para que el diseño de estrategias
aporte a la construcción de ciudades seguras. En el caso de Rosario, donde
trabajamos conjuntamente con el Área Mujer del municipio (alcaldía) primero en
el diagnóstico, luego la capacitación y, posteriormente, la búsqueda de
posibles soluciones. Se convocó a funcionarios/as, mujeres y varones de
distintos sectores sociales, académicos, organizaciones de mujeres, niños y
niñas de la calle, trabajadoras sexuales, entre otros grupos. Interesaba
conocer la percepción de la sociedad respecto a la violencia en la ciudad –y
hacia las mujeres en particular–, incorporando también a la población
generalmente estigmatizada como causal de violencia. Las propuestas que
surgieron de la experiencia de Rosario apuntan a reforzar los lazos ciudadanos,
potenciar los recursos institucionales existentes y redes especialmente
comprometidas con las mujeres. De esta manera, se busca generar experiencias de
diseño urbano y mejoramiento de la infraestructura barrial que incorpore a las
mujeres como las principales protagonistas.
4.
Políticas con perspectiva de género.
Esto nos remite a la necesidad de que las políticas
públicas y en particular las políticas urbanas, incluyan la perspectiva de
género, lo cual requiere arbitrar los medios y las metodologías para garantizar
la participación de las mujeres. Se trata de incidir en el contenido de
programas y proyectos, la capacitación a los técnicos/as que diseñan las
políticas y, por último, implementar mecanismos de evaluación que monitoreen
los cambios o los efectos de las acciones que se implementen sobre la calidad
de vida de las mujeres.
El tema que nos ocupa, la violencia hacia las mujeres,
requiere sin duda del compromiso de la sociedad en su conjunto para remover los
obstáculos culturales que la sostienen, pero los gobiernos locales tienen una
posibilidad cierta a través de las políticas públicas de aportar a la
construcción de ciudades más solidarias y seguras.
CAPITULO IV
LA VIOLENCIA QUE NO SE VE
1.
¿cómo se hace invisible la violencia hacia las
mujeres?
Una primera forma de invisibilizar la violencia de género
es el desconocimiento de la magnitud de la violencia cotidiana vivida por las
mujeres en las ciudades y también por el alto grado de tolerancia hacia estas
conductas. Hay cinco situaciones que se configuran en estereotipos de género
para ignorar expresamente o justificar la violencia de género en las calles
tanto por funcionarios del Estado como de la sociedad civil.
El primero son los gestos, chistes, burlas y agresiones
verbales, al ser miradas como objeto sexual y los comportamientos corporales
invasivos de la intimidad. Estas conductas no son consideradas como plausibles
de ser sancionadas y, por tanto, no son visibles para la sociedad y las
instituciones públicas. Tales comportamientos machistas se aceptan (o ignoran)
socialmente al asumirse de facto –abiertamente o no, conscientemente o no– que
ocurren allí donde la mujer es percibida ocupando una situación subordinada
frente al varón.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, se
relativiza o minimiza el daño y las consecuencias de estas agresiones para las
mujeres (“no fue grave… no la violó”).Aquí se perciben estos hechos como actos sin consecuencias relevantes y se
asume que las mujeres deben aceptarlos dada su condición subordinada. Por
tanto, el que se presente no cuestionen aparece como algo excepcional y, por
ello mismo, terminaría siendo aceptado como la prueba de que se trata de hechos
ocasionales o tolerables; todo lo cual conduce al silenciamiento u ocultamiento
del problema.
En esa línea, y en tercer lugar, esta violencia es
considerada como fenómeno individual y psicopatológico (el agresor es un
enfermo) ocultando que se trata de un comportamiento social y cultural. Cuando
no se minimiza las conductas agresivas se pasa al extremo opuesto, considerando
al ofensor –nuevamente– como un caso individual, excepcional y víctima de
alguna patología. De esta manera, se oculta el hecho de que la permisividad
para ejercer esta violencia radica en el convencimiento de que las mujeres
ocupan un lugar subordinado en el hogar y en la sociedad.
Pero quizás el más
perverso estereotipo de género para ocultar este problema es la culpabilización
de las mujeres por la agresión y maltrato de que son objeto, implicando una
doble victimización y, como consecuencia, un silenciamiento futuro de sus voces
(“tú te lo buscaste”, “tú lo provocaste”). De esta forma, se presenta a la
víctima como ella y pretendiendo disminuir su autoestima. Esta situación
estereotípica se presenta tanto en las dependencias policiales como en el
propio hogar (por parte del entorno familiar). La invisibilidad del problema se
agudiza al empujar a la víctima a aceptar la situación de subordinación y
violencia en su fuero interno.
En quinto lugar,
el estereotipo se refuerza al ser asociado y focalizado en ciertos tipos de
mujeres. Así, la violencia familiar se relaciona con las mujeres pobres,
mientras que el abuso y acoso sexuales (al igual que las violaciones) se
asocian, por ejemplo, con las mujeres jóvenes. Esto refuerza los prejuicios
existentes en la materia.
Otra situación, especialmente preocupante, es que no se
logra articular la relación que existe
entre seguridad ciudadana y la violencia en el ámbito familiar ejercida contra
las mujeres. Muchas de ellas manifiestan que estar en sus casas les da cierta
seguridad, sin embargo, la mayoría de agresiones la sufren en este espacio. En
ese sentido, el creciente reconocimiento de la violencia doméstica y/o
intrafamiliar debe conectarse con la agresión hacia las mujeres en la ciudad
para lograr un enfoque global del problema.
En consecuencia, para implantar una política de seguridad
ciudadana realmente inclusiva e integral se deben operar tres transformaciones
fundamentales: 1) promover un compromiso de la sociedad con el propósito de
generar un cambio social y cultural en favor del respeto a la integridad física
y tranquilidad emocional de las mujeres en los espacios públicos y privados, 2)
incluir la voz y experiencia de las mujeres en los lugares de discusión y
decisión sobre políticas de seguridad urbana y 3) incluir una perspectiva de
género y que no esté reducida a lo “delictivo”. Estamos frente a un asunto
complejo que implica o involucra múltiples factores y variables. Las políticas
del Estado destinadas a garantizarla deben encaminarse a la recuperación del
espacio público como espacio privilegiado de socialización, inclusión e interacción
ciudadana, aspectos que deben incorporarse por ser fundamentales para las
mujeres Las situaciones de violencia
que sufren las mujeres en las ciudades.
2. Las situaciones de violencia que sufren las mujeres
en las ciudades.
Hemos visto ya cómo el derecho a la ciudad por parte de
las mujeres es obstaculizado por la sensación de inseguridad y el temor a ser
agredidas, limitando su movilidad y autonomía para el uso, disfrute y
apropiación de la urbe; particularmente, en determinados horarios y lugares
considerados o percibidos como peligrosos.
La inseguridad de esos sitios tiene que ver con el diseño
urbano; por ejemplo, con terrenos o áreas vacías, sin mantenimiento, poco o mal
iluminados y con escaso o nulo tránsito de personas (sin control social), entre
otras características físicas. Pero, además, se relaciona con lo que allí
ocurre; es decir, la presencia de pandillas o de varones con actitudes
agresivas que se apropian de calles u otros espacios urbanos para el consumo
del alcohol o drogas. Asimismo, los lugares peligrosos normalmente no cuentan
con redes sociales de protección entre vecinos/as y/o distintos grupos
sociales, o están habitados por gente que no se identifica mucho con el lugar
en que vive.
Las mujeres reconocen como sitios inseguros algunos
parques, mercados, paraderos de vehículos de transporte público, áreas
descampadas, el centro de la ciudad, cruces de calle y en semáforos cuando se
transita en vehículos.
Otra característica de la violencia urbana, desde las
voces de las mujeres, es que los agresores son mayormente varones. Se borran
las fronteras, entonces, entre la violencia vivida en el espacio privado
(ejercida por individuos del círculo familiar cercano) y la agresión en el
espacio público (efectuada por desconocidos).
Por otra parte, los relatos de las mujeres hacen
referencia a que cuando son víctimas de delitos como robos, asaltos o
arrebatos, éstos tienen como “plus” una mayor violencia física o verbal y la
posibilidad de abuso sexual o violación. Con el agravante de que ello puede
ocurrir en lugares que en teoría deberían ser más “seguros”, como los vehículos
de servicio público.
En todos estos casos se suma la (arriba mencionada) doble
victimización que sufren las mujeres luego de hechos de este tipo, al intentar
dar cuenta o denunciar estas agresiones en las dependencias policiales y hasta
en las judiciales.
3.
Las consecuencias.
La agresión hacia las mujeres no acaba en el mismo hecho
violento, sino que sigue actuando a través de sus consecuencias, ya que ellas
desarrollan sentimientos que atentan contra su autoestima y seguridad; al mismo
tiempo que modifican su vida cotidiana, restringiendo sus movimientos en la
ciudad y los espacios públicos, así como la participación política, cultural,
el esparcimiento y, en algunos casos, hasta abandonan el trabajo o los
estudios. En el siguiente cuadro se resume la secuela emocional que padecen las
mujeres y que se extiende en el tiempo hasta mucho después de ocurrida la
agresión.
El miedo se vuelve así un compañero cotidiano e inseparable
de las mujeres, alimentado por experiencias propias o ajenas, muchas veces
traumáticas, de peligro latente o manifiesto, cuando no de agresiones graves.
En consecuencia, este problema debe ser atendido por las políticas públicas y
la planificación urbana.
Cualquier acto de violencia sufrida por una mujer afecta
a todas, ya que están expuestas a esta agresión por pertenecer al mismo género;
por tanto, la situación de tensión crece incluso en aquellas que no han sufrido
hechos de violencia contra la mujer ya que éstos se relatan en la interacción
social o por los medios de comunicación.
Si tales situaciones no son abordadas correctamente ni se
disponen recursos sociales e institucionales para ello, se multiplicarán las
acciones defensivas y las estrategias individuales, lo que implica mayor
restricción de movilidad para las mujeres en la ciudad. Por el contrario, las
acciones afirmativas de la ciudadanía por los derechos de las mujeres aportarán
a su autonomía, libertad e impulsarán a construir respuestas basadas en la
responsabilidad social
4.
Insuficiencia de los enfoques tradicionales de
seguridad ante la violencia urbana contra las mujeres.
Para una mujer puede resultar más seguro, por ejemplo, la
iluminación de un parque o calle, antes que coloquen allí un policía.
Igualmente, la realización de actividades vecinales o comunitarias a
determinadas horas podrían ser medidas más apropiadas que un vigilante
nocturno; el cual, eventualmente, podría atacar verbal o físicamente a las
mujeres en un determinado espacio urbano. Al ignorarse completamente la
realidad cotidiana de las mujeres que transitan por la ciudad, las políticas de
seguridad no resultan eficientes o, peor aún, no defienden los derechos humanos
básicos de gran parte de la población.
Las estrategias de seguridad ciudadana, tanto a nivel
preventivo como asistencial, no suelen reconocer que existen estas demandas
específicas provenientes de las mujeres. Y cuando lo hacen, asumen enfoques
inadecuados. Examinemos algunos de ellos.
Empecemos por la concepción asistencialista. En este enfoque, las instituciones y servicios
se crean para atender la situación post-agresión; es decir, cuando las mujeres
se han convertido en víctimas, no disponen de estrategias ni recursos para la
prevención de las agresiones, ni para la promoción de su derecho a vivir en una
ciudad sin violencia.
Como consecuencia y complemento de esta concepción
reactiva tenemos la perspectiva victimista.
Las mujeres son tratadas solamente como víctimas y no como ciudadanas con
autonomía y decisión respecto de sus vidas.
El enfoque delegativo,
en cambio, representa un avance con respecto a los dos anteriores; pese a ello,
se trata de una noción limitada. En este esquema se crean organismos
específicos y se capacita a su personal con el objetivo de proveer una atención
adecuada que no implique una doble victimización de las mujeres. Sin embargo,
no se aborda la estructura institucional en su conjunto (judicial, policial,
servicios sociales, etc.), la cual mantiene concepciones erróneas acerca de la
violencia contra las mujeres.
Finalmente, existe el enfoque que enfatiza la violencia en los espacios privados –históricamente
invisibilizada y reconocida sólo recientemente–, que ha tenido como efecto no
deseado una nueva invisibilización de la violencia hacia las mujeres; esta vez
ejercida en el espacio público de la ciudad.
Por otra parte, las respuestas de la sociedad civil, salvo
contadas excepciones, son individuales y reactivas. Se propone así el
incremento de medidas de seguridad tradicionales, mayor control policial, la
adquisición de más patrulleros, el reforzamiento de la seguridad en los domicilios particulares y su entorno;
incluyendo enrejado de calles, la aparición
de condominios privados y nuevas urbanizaciones cerradas, que vacían aún más el espacio público como ámbito
de socialización, fragmentando las relaciones sociales.
5.
¿qué estrategias podemos construir entre todos y
todas?
A partir de lo planteado, se hace necesario incorporar la
perspectiva y la experiencia de las mujeres en la planificación de políticas
públicas de seguridad en la ciudad.
Proponemos contrastar y diferenciar la mirada sobre las
mujeres: de objetos (dependientes de) a ciudadanas (autónomas). Esto permitirá
avanzar en lineamientos de políticas que favorezcan su empoderamiento y plena
participación en la construcción de ciudades democráticas y equitativas. En el
cuadro se pueden apreciar las diferencias entre estas dos grandes visiones
sobre el tema de la seguridad ciudadana para las mujeres.
Los medios de comunicación juegan un papel muy importante
en el análisis, construcción y lectura social que se realiza de la violencia
hacia las mujeres en la ciudad, así como en los estereotipos de géneros que
siguen sustentando la misma. Muchas veces los medios presentan una imagen que
subvalora a las mujeres, reforzando los prejuicios que ocultan la violencia de
género. La opinión pública que los medios van creando (favorable, hostil o
indiferente) influye, entre otros factores, en el compromiso político con el
problema, la asignación de recursos para su solución y el apoyo para programas
específicos de prevención.
En consecuencia, las estrategias para una ciudad sin
violencia contra las mujeres deben contemplar un enfoque integral que explique
sus causas, la ubique como un problema sociocultural, tanto en espacios
públicos como privados y que oriente posibles respuestas no restringidas al
ámbito policial y/o judicial. Un segundo factor es la inclusión de los aspectos
referidos a la asistencia a las víctimas, a la prevención de la violencia y la
promoción de los derechos de las mujeres, incluido el derecho a disfrutar de
una ciudad segura y habitable. No debe olvidarse tampoco la responsabilidad de
los distintos actores en el ámbito estatal, como los ministerios, los gobiernos
locales y sus dependencias, los órganos judiciales, las organizaciones de la
sociedad civil y especialmente las organizaciones de mujeres que trabajan y
promueven sus derechos.
En este marco, un elemento básico es la necesidad de que
las respuestas institucionales incluyan la perspectiva de género; así como
establecer plazos (corto, mediano, largo) para su resolución, articulados en
una secuencia de acciones a ser abordada a partir de la evaluación y monitoreo
de los logros. En suma, se requiere que estas propuestas estén integradas en un
plan de seguridad ciudadana que se aplique en coordinación con las
organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, con las organizaciones de
mujeres.
Además, la propuesta debe considerar al menos tres
grandes áreas de intervención. En primer lugar, estrategias de sensibilización.
Es decir, campañas a través de distintos medios de comunicación que permitan
desplegar acciones propositivas en el campo de los derechos de las mujeres,
desarticulando mitos y creencias en torno al tema. Estas estrategias deben
apuntar a generar conciencia respecto a la responsabilidad social y del Estado
en este asunto y considerar su prevención como parte insoslayable de la agenda
pública.
En segundo lugar, estrategias para el diseño urbano, el
mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura barrial y sus entornos que
contemplen las recomendaciones de las mujeres, expresadas –entre otros– en los
distintos estudios que presentamos en esta publicación; a saber: iluminación y
señalización adecuadas, mixtura de usos que garanticen el control social de la
calle y los espacios en distintos horarios, recorridos del transporte público
que respondan a las necesidades de movilidad de las mujeres, seguridad en los
paraderos, plazas y parques. Para ello, es necesario involucrar en el diseño,
evaluación y seguimiento de las propuestas urbanas a los habitantes y en
particular a las mujeres como expertas.
Finalmente, estrategias para articular y potenciar los
recursos existentes en la administración local y otras jurisdicciones
estatales, así como en las organizaciones de la sociedad civil, especialmente
las comprometidas con los derechos de las mujeres. Todo esto significa
recuperar los recursos institucionales estatales existentes y que se encuentran
trabajando en relación con este problema. En suma, la seguridad urbana demanda
generar espacios de gestión para diseñar propuestas consensuadas entre la
comunidad y los gobiernos locales, articulando esfuerzos, intereses y visiones
diversas que permitan consolidar los lazos existentes.
CAPÍTULO
V
CÓMO
HACER VISIBLE EL PROBLEMA
1.
Sensibilización de la sociedad sobre la violencia
hacia las mujeres.
Tan pronto se evidenció ante las autoridades el problema
de la violencia contra las mujeres en el espacio público, se percibió la
necesidad de realizar acciones de sensibilización, información y difusión sobre
este asunto hacia la sociedad. En este marco, urge visibilizar el Cómo hacer
visible el problema enfatizando que la violencia hacia las mujeres es una
violación a sus derechos humanos, específicamente, el derecho a la vida, a su
integridad física y psíquica. En ese sentido, se requiere una crítica y
deconstrucción de los estereotipos sobre lo que es ser varón y ser mujer en la
sociedad, impulsando nuevas prácticas culturales y de socialización.
Ya en los grupos focales de discusión habían surgido tres
propuestas: acciones educativas en distintos ámbitos de la sociedad que
impliquen la resolución no violenta de los conflictos, la formación en este
tema de operadoras comunitarias y estimular la responsabilidad de
organizaciones locales en la reflexión y acciones de respuesta a la violencia
hacia las mujeres.
En este contexto surgió la estrategia de construir una red interinstitucional entre
las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil y el municipio, con sus
diferentes áreas, para sensibilizar
a la sociedad sobre la existencia de estas agresiones, promoviendo derechos igualitarios entre varones y
mujeres, propiciando cambios culturales a través de actividades recreativas y de capacitación, así
como campañas en los medios masivos de comunicación.
Entre los recursos que ya están instalados en la
ciudad y aportarían en concretar esta estrategia, se mencionaron dependencias
municipales, entidades académicas e instituciones de la sociedad civil. Entre
las primeras se citaron el Área de la Mujer, la Comisaría de la Mujer, Jornada
Cuida Papis, Centros CRECER y Centros de Salud. En la esfera de la academia se
destacó la experiencia de los Foros de Convivencia del CEIDH, así como la de
los Colegios de Profesionales. A nivel de la sociedad civil tenemos
organizaciones y redes de mujeres que vienen trabajando en el problema, centros
comunitarios y redes vecinales, grupos de cultura (teatro, música) y medios de
comunicación alternativos sensibles a los temas de género.
No obstante la envergadura de este aporte, se vio la
necesidad de generar otros recursos para llevar a cabo esta estrategia;
como, por ejemplo, construir materiales de difusión y sensibilizar/capacitar a
grupos de profesionales o técnicos que trabajen en comunidades.
2.
Diseño, mantenimiento y mejoramiento del espacio
público.
El diseño y la planificación urbana son cruciales en el
cambio de la percepción de inseguridad existente, por lo que es prioritario
reducir las posibilidades del espacio público para hechos delictivos. Se hace
necesaria, entonces, la participación de los vecinos y especialmente de las
mujeres en el diseño, evaluación y seguimiento de las propuestas urbanas.
En la etapa anterior de los grupos focales se postuló la
creación y/o recuperación de espacios de recreación y deportivos para los/as
jóvenes, como contribución a esta apropiación de los espacios públicos por
parte de los/as habitantes de la ciudad; asimismo, se planteó la detección y
eliminación de obstáculos físicos para la accesibilidad a esos lugares, así
como aumentar la iluminación en los barrios.
En el taller participativo se desarrollaron, además, dos
propuestas relacionadas con la recuperación y gestión de áreas de la ciudad por
parte de los vecinos y las mujeres en particular.
En el primer caso, se trata de promover la apropiación del espacio público por la población–y
particularmente por las mujeres–, mediante actividades deportivas y
recreativas, fiestas y eventos populares, ferias de micro emprendimientos,
recitales, entre otros. Para ello, se propuso la realización de una jornada de sensibilización para
un uso diferente y disfrutable de la ciudad a cargo de las mujeres. Esta
propuesta tuvo su antecedente exitoso en una jornada, realizada en el marco de
otro programa, que buscaba sensibilizar construyendo conciencia sobre los
derechos de los/as niños/as a transitar en los espacios públicos.
Se propuso también realizar
una experiencia demostrativa de gestión asociada entre gobierno local y
comunidad para la prevención de la violencia hacia las mujeres, que permita replicarse e
incorporarla como política
municipal. Dicha experiencia
participativa sería llevada a
cabo por la comunidad en general y las
mujeres en particular, pues es evidente
la necesidad de contar con sus voces
y experiencias en los espacios de discusión
y decisión en políticas que les
atañen. Se desarrollaría en un distrito de Rosario, estimulando con la
replicabilidad de la misma en
otros distritos.
Entre los recursos instalados y que contribuirían
a la implementación de esta estrategia se mencionaron, en el ámbito municipal,
el Programa Rosario Hábitat, el Presupuesto Participativo y las políticas
vigentes de descentralización. En el área académica se sugirió convocar a la
Comisión de Mujeres Arquitectas del Colegio de Arquitectos de Rosario y a los
colegios profesionales; mientras que en la esfera de la sociedad civil se
contaría con consejeros/as capacitados/as del Presupuesto Participativo de
distrito y organizaciones de mujeres y feministas.
Para llevar a cabo esta estrategia se mencionó la necesidad de incorporar el aporte del
sector privado posibilitando una red pública-privada de los organismos que
actúan en la ciudad, así como buscar recursos provenientes de organismos
internacionales.
3.
Articular y potenciar los mecanismos de
participación y monitoreo.
No es posible actualmente pensar el diseño y aplicación
de políticas sociales sin la participación directa de los usuarios o
beneficiarios. En ese sentido, el proyecto fue analizado –en cada una de sus
fases– buscando la intervención de todos los actores involucrados, buscando en
lo posible establecer canales de participación y vínculos para hacer el
seguimiento correspondiente.
De esta manera se acordó monitorear el Plan de Igualdad de Oportunidades, el Plan Estratégico
Metropolitano y el Presupuesto Participativo en defensa de los derechos de la
mujer y, específicamente, en el tema de seguridad en el espacio público.
Asimismo y retomando una sugerencia hecha en los grupos focales, se decidió la construcción de redes interinstitucionales sobre la
temática de la violencia hacia las mujeres, a partir de la articulación
territorial en los diferentes distritos municipales.
Los recursos identificados fueron de dependencias
del gobierno local encargadas del Plan Igualdad de Oportunidades, el
Presupuesto Participativo, así como el Programa de Salud Integral de la
Mujer-Campaña de Prevención de la Violencia Familiar, la Comisaría de la Mujer
y el Teléfono Verde. De igual forma, se cuenta con la experiencia acumulada en
el Servicio Público de la Vivienda y en el Área Mujer, con trayectoria y
programas en curso.
Otras instancias señaladas surgieron de la experiencia
acumulada en las maestrías y grupos de investigación de la universidad, así
como la red latinoamericana específica para este tema (CLADEM) y la información
sistematizada sobre uso de los espacios públicos de Rosario, una encuesta de
indicadores urbanos de género realizada por CISCSA.
Por otra parte, se observó que se requería disponer de
ciertos recursos de momento no disponibles. En particular, se mencionó
la elaboración de información desagregada por sexo en el área de violencia e
inseguridad urbana, lograr la adjudicación de recursos propios para el Área de
la Mujer Municipal, así como diseñar y producir afiches y folletos que
sinteticen la información acerca de los recursos del Estado y de la sociedad
civil.
4.
Sensibilizar y capacitar.
Como se indicó anteriormente, se empezó indagando y
midiendo las percepciones de las mujeres sobre los temas de seguridad ciudadana
a través de grupos focales y encuestas de opinión. La información
recopilada y el conocimiento construido por estos medios dieron sustento a las
actividades de sensibilización y capacitación a las organizaciones de mujeres y
funcionarios locales sobre la violencia contra las mujeres como un problema de
seguridad ciudadana.
Para este fin se efectuaron cinco talleres, tres con
organizaciones de mujeres y dos con autoridades locales y se elaboró un video
motivador utilizado en la capacitación: “Ciudades
seguras para las mujeres, ciudades seguras para todos”. El material
recoge las principales preocupaciones del estudio y, además, las percepciones
de los decisores de políticas.
4.1.
Acompañando
la reflexión de las mujeres.
Los dos eventos con mujeres en Villa El Salvador se
realizaron el 12 y el 22 de octubre de 2004 respectivamente, con una asistencia
de 37 personas. Participaron integrantes de la FEPOMUVES, promotoras y
orientadoras legales, representantes del Centro de Emergencia Mujer, juntas
vecinales y dirigentas de otras organizaciones. En San Juan de Lurigancho el
taller se efectuó el 9 de noviembre de 2004. Participaron 12 dirigentas de las
diferentes organizaciones de mujeres, entre ellas promotoras de salud y del
Servicio Integral de Salud de la Mujer (SISMU).
En estos encuentros se expusieron experiencias locales,
internacionales y los avances y Mujer y Hábitat en Latinoamérica y el Caribe y
REPEM. Un segundo momento fue la elaboración de un diagnóstico participativo
sobre la situación de seguridad de las mujeres en el distrito y propuestas de
políticas en seguridad ciudadana, que contemplen estrategias de prevención y
protección contra la violencia urbana.
Los talleres contaron con metodologías participativas,
intervención de reconocidos especialistas en el tema de seguridad ciudadana,
como los del Instituto de Defensa Legal (IDL)32, haciéndose uso –entre otras–
de la técnica del mapeo, la cual permitió visibilizar los espacios peligrosos y
plantear estrategias para cada uno de ellos.
4.2.
Incidiendo
en las autoridades locales.
El taller con funcionarios/as del sector
público se realizó el 16 de noviembre de 2004 y participaron 67 personas entre
funcionarios y funcionarias del Programa de Seguridad Ciudadana de la
Municipalidad de Villa El Salvador, el Serenazgo, la Oficina de Participación Ciudadana
de la Policía Nacional y coordinadores de las juntas vecinales.
En San Juan de Lurigancho, el evento se llevó
a cabo el 11 de noviembre del mismo año y participaron 37 personas, incluyendo
funcionarios de la Oficina de Participación Ciudadana de la Municipalidad, el
Centro de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la
Mesa de Concertación de San Juan de Lurigancho, entre otros.
En este caso, se presentaron las experiencias
de trabajo en el tema por el municipio distrital de Villa El Salvador con la
Policía Nacional, así como el diagnóstico obtenido mediante los grupos focales
y los talleres con organizaciones de mujeres. Además, se elaboraron propuestas
de políticas en seguridad ciudadana que comprendan estrategias de prevención y
protección de las mujeres en espacios públicos.
Las metodologías empleadas fueron similares a
las de los tres eventos citados anteriormente.
Hubo, en el taller de Villa El Salvador, dos
exposiciones de autoridades locales que presentaron la situación de la seguridad
en el distrito a partir de las cuales se puso en debate el Plan de Seguridad
Ciudadana.
En ambos distritos se tuvo la presencia de
autoridades locales –como los alcaldes de ambas municipalidades–, los
respectivos jefes responsables de Policía Nacional y los profesionales del IDL.
Como se puede apreciar, el proceso de
sensibilización y capacitación en los dos distritos limeños fue gradual y
acumulativo. Se partió de los resultados de las investigaciones realizadas, las
que se trabajaron en los talleres con organizaciones de mujeres y de la
sociedad civil. Luego, estos avances se
incorporaron al temario de los eventos con funcionarios de ambos gobiernos
locales, quienes a su vez presentaron sus propios enfoques al tema. De esta
manera, se fueron construyendo las estrategias para que la perspectiva de
género sea incluida en las políticas de seguridad ciudadana de manera
concertada.
En el siguiente acápite presentamos dichas
estrategias.
4.2.1. Construcción
de estrategias con perspectiva de género.
Uno de los principales logros de los talleres realizados
fue el diseño de propuestas de estrategias de seguridad ciudadana desde un
enfoque inclusivo y participativo, comprendiendo la perspectiva de género y que
puedan constituirse en experiencias a ser replicadas. A continuación reseñamos
sucintamente las dos estrategias acordadas en ambos distritos.
a)
Influenciar en las políticas públicas locales.
Interpretando el sentir expresado en los grupos focales y
encuestas de opinión, se planteó ejecutar acciones para mejorar la
infraestructura urbana y, específicamente, la iluminación de calles y parques,
el cierre de terrenos descampados, la creación de espacios de esparcimiento
–como parques y campos deportivos–, así como promover actividades recreativas,
culturales y de información.
Un segundo rubro de acciones propuestas tiene que ver con
el transporte urbano. Básicamente, se trata de normar el funcionamiento de los
buses, taxis y mototaxis, así como la identificación de los choferes y de los
vehículos que transitan en ambos distritos.
Otro punto destacado fue adecuar las rutas de transporte
y la ubicación de los paraderos, de tal forma que favorezcan la movilización y
seguridad de las mujeres.
Estas medidas están destinadas a promover y estimular el
acceso y disfrute de la ciudad para las mujeres. Sin embargo, hacerlo posible
requiere afectar partidas del presupuesto participativo, asumiendo éstas y
otras acciones que mejoren la seguridad ciudadana y se encaminen a eliminar la
violencia contra la mujer.
El primer paso en este sentido, también propuesto en la
estrategia, fue integrar dentro del Plan del Desarrollo distrital la
problemática de la violencia hacia la mujer tanto en los espacios públicos como
en los privados.
Y como instrumento de fortalecimiento de
la institucionalidad local se postuló que el Comité Distrital de Seguridad
Ciudadana en ambos distritos integre a las redes, instituciones y
organizaciones de mujeres que se encuentran trabajando en el problema de
violencia hacia la mujer; y que con su aporte se trabajen propuestas conjuntas
en el Plan Local de Seguridad Ciudadana.
b)
Posicionar el enfoque de género mediante
actividades de sensibilización y capacitación.
Establecida la necesidad de que las autoridades locales
tomen cartas en el asunto, se propuso actividades destinadas a ampliar
gradualmente la sensibilización y capacitación en la sociedad civil. En este
punto, se planteó la realización de eventos sobre violencia doméstica, acoso
sexual y violencia sexual; así como capacitar a las instancias encargadas de la
atención a mujeres –comprometiendo específicamente a la Policía Nacional y
Serenazgo– de tal forma que mejore la atención brindada a las mujeres que
recurren a dichos servicios. Esta capacitación deberá extenderse a los y las
integrantes de las juntas vecinales.
También se constató la urgencia de realizar talleres de
capacitación sobre seguridad urbana para las mujeres del distrito;
especialmente, a las líderes que integran los comedores populares, comités de
vaso de leche y otras organizaciones. Asimismo, se mencionó a
las dependencias del Ministerio de Educación en la tarea de prevención mediante
charlas a los padres y madres de familia y a los/as escolares.
Para apoyar estos objetivos se han producido materiales
que informan de los problemas frecuentes y las estrategias planteadas en los
talleres.
5. Compromisos
y avances con las autoridades locales.
Las actividades realizadas han conseguido que las
autoridades locales visibilicen el problema, lo cual se evidenció en el compromiso
público firmado por las representantes de las municipalidades de San Juan
de Lurigancho y Villa El Salvador. En
este documento, los gobiernos locales de estos distritos se obligan a
desarrollar programas y acciones para prevenir y resolver los problemas en
torno a la seguridad de las mujeres en la ciudad.
Sobre esta base se entregó a ambos municipios un proyecto
de ordenanza34 que
comprometió a los gobiernos locales de San Juan de Lurigancho y Villa El
Salvador para el desarrollo de políticas públicas e instancias de apoyo a las
mujeres que sufren violencia. Asimismo, se tomaron acciones para estrechar
lazos entre Flora Tristán y los gobiernos locales a fin de empezar a
implementar líneas de trabajo a favor de ir superando este problema, las que se
detallarán en el siguiente capítulo.
7. CONCLUSIONES
A modo de finalizar esta agradable y
fructífera monografía sobre violación en el Perú, de manera grupal, podemos
indicar que este trabajo ha sido un total aprendizaje para cada uno de
nosotros, esta experiencia, dudo mucho que se nos borre en poco tiempo de
nuestra cabeza y de nuestros corazones, mediante la investigación de este
trabajo, y la variedad de información y estadísticas leídas y revisadas,
podemos decir a una sola voz: “NO A LA VIOLENCIA”, “NO A LA VIOLENCIA SEXUAL”.
Es una realidad horrorosa la que vive nuestro país desde hace muchos años, es
desagradable poder evidenciar tanta crueldad, tanta maldad, y tanto odio, puede
llegar a sentir un ser humano, para abusar sexualmente de otra persona
totalmente indefensa, de aprovecharse de sus limitaciones para burlarse y
destruirle la vida. En nuestra actual realidad no existe el respeto por las
demás personas, tanto es así que existe casos en los que ni los propios padres
respetan a sus hijas, al extremo de violentarlas sexualmente, obligándolas a
tener intimidad con ellas, y amenazándolas para no decir, nada y tener que
soportar esta agonía día a día.
Mediante esta investigación queremos hacer un
llamado de AUXILIO, para estas personas, pidiendo total apoyo del gobierno,
para poder confrontar y erradicar esta problemática, que sin duda alguna ha
cobrado muchas muertes de personas con mucho futuro, pero no solo físicas sino
psicológicas y sobre todo espirituales.
8
.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
- Arce Gallegos, Miguel. (2010) El delito
de violación sexual-análisis dogmático, jurídico-sustantivo
y adjetivo. Colombia. Editorial Adrus.
- Echeburúa, Enrique. (2006). Personalidades violentas. España-Madrid.
Editorial Piramide.
3. Giberti,
Eva. (2005). Abuso sexual y malos tratos contra niños, niñas y adolescentes
(perspectiva psicológica y social). Argentina-Bs. Aires. Editorial Espacio.
4.
Villanueva flores, Rocío. (2000). La violencia sexual, un problema de
seguridad ciudadana: las voces de las víctimas. Lima.Editorial Desa.
·
LINKOGRAFIA
-
http://www.adolescentes.about.com/od/sexo/a/Violencia-Sexual-En-La-Adolescencia-2.htm
Anexo
1
Número de denuncias de
delitos de violación de la libertad sexual en el Perú entre 1995 y 2009
1995
4153
1996
4498
1997
4807
1998
4677
1999
5762
2000
6096
2001 5477
2002
5968
2003
5928
2004
5721
2005
6268
2006
6569
2007 7208
2008
7560
2009
6751
2010
33,420
2011
5286
2012
5236
2013 317
Elaboración propia
Fuente: Policía Nacional
del Perú 2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009 Tota
Se
ha empleado la misma metodología que emplea la OEA para el cálculo de la tasa
de casos sentenciados de violación (Organización de Estados Americanos 2010).
La fórmula empleada es: TDV = (NDV/PT) x 100,000 habitantes. En donde TDV =
Tasa de denuncia de delitos de violación a la libertad sexual; NDV= número
total de denuncias de delitos de violación a la libertad sexual reportadas a la
PNP en el año; PT= población total del año.
Para el año 2009, el Ministerio
Público contabilizó 1,012 fiscalías operativas a nivel nacional (1 Fiscalía de
la Nación, 5 Fiscalías Supremas, 191 Fiscalías Superiores y 815 Fiscalías
Provinciales). De estas Fiscalías, el 17.4% se encuentran ubicadas en el
departamento de Lima (Ministerio Público 2009: 13). De las 815 Fiscalías
provinciales, el 35.7% son penales; en ellas se reciben las denuncias por
delitos contra la libertad sexual que se dieron en la Policía Nacional del Perú
o en la Fiscalía de turno.
El Código Procesal Penal utilizado
es el del Decreto Legislativo N° 638, del 27 de abril de 1991. No se emplea el
Nuevo Código Procesal Penal porque aún no es vigente en Lima para delitos
ordinarios como el de violación sexual,
sino solo para casos de corrupción.
Para
el año 2009, el Ministerio Público contabilizó 1,012 fiscalías operativas a
nivel nacional (1 Fiscalía de la Nación, 5 Fiscalías Supremas, 191 Fiscalías
Superiores y 815 Fiscalías Provinciales). De estas Fiscalías, el 17.4% se
encuentran ubicadas en el departamento de Lima (Ministerio Público 2009: 13).
De las 815 Fiscalías provinciales, el 35.7% son penales; en ellas se reciben
las denuncias por delitos contra la libertad sexual que se dieron en la Policía
Nacional del Perú o en la Fiscalía de turno.
El
Código Procesal Penal utilizado es el del Decreto Legislativo N° 638, del 27 de
abril de 1991. No se emplea el Nuevo Código Procesal Penal porque aún no es
vigente en Lima para delitos ordinarios como el de violación sexual, sino solo
para casos de corrupción.
Durante el transcurso de esta
investigación, se solicitó a la Policía Nacional informarnos de qué tipo y
cuántas son las denuncias subsumidas en la categoría “Otros”. No hubo una
respuesta por escrito, pero los funcionarios de la Dirección de Estadística del
Estado Mayor de la Policía indicaron verbalmente que el término “otros” no ha
sido desagregado en grupos y que la clasificación encierra diversos tipos de
casos, y una gran parte de estos implica una relación entre el victimario y la
víctima.
Durante
el transcurso de esta investigación, se solicitó a la Policía Nacional
informarnos de qué tipo y cuántas son las denuncias subsumidas en la categoría
“Otros”. No hubo una respuesta por escrito, pero los funcionarios de la
Dirección de Estadística del Estado Mayor de la Policía indicaron verbalmente
que el término “otros” no ha sido desagregado en grupos y que la clasificación
encierra diversos tipos de casos, y una gran parte de estos implica una
relación entre el victimario y la víctima.
a complicada categoría “Otros”
desciende sensiblemente hasta ubicarse en valores porcentuales de un solo
dígito. Asimismo, la frecuencia de las denuncias en las que la víctima
manifestó incapacidad para resistir la agresión desciende claramente y se
incrementa, más bien, el porcentaje de aquellas denuncias en las que la víctima
tenía una condición denominada “Normal”.
La complicada categoría
“Otros” desciende sensiblemente hasta ubicarse en valores porcentuales de un
solo dígito. Asimismo, la frecuencia de las denuncias en las que la víctima
manifestó incapacidad para resistir la agresión desciende claramente y se incrementa,
más bien, el porcentaje de aquellas denuncias en las que la víctima tenía una
condición denominada “Normal”.
Comisión Nacional de Juventudes (CONAJU), Una apuesta para
transformar el futuro: lineamientos de políticas de
Ver Organización de los Estados Americanos, Corte
Interamericana de Derechos Humanos, “Convención
interamericana para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra la mujer” (Artículo 2, Definición de la violencia contra la
mujer, Capítulo II: Derechos protegidos y Capítulo III: Deberes de los Estados)
en: Documentos básicos en materia de derechos humanos en el sistema de Naciones
Unidas e Interamericano,
Lima: Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Derechos Humanos, 2002.
Feminista y arquitecta urbanista. Vive y trabaja en
Córdoba, Argentina. Ejerce la docencia en la Universidad
Nacional de Córdoba y dirige CISCSA, organización no
gubernamental que trabaja temas vinculados a políticas
públicas y los derechos de las mujeres. Actualmente
CISCSA coordina la Red Mujer y Hábitat de América Latina
e integra la Comisión Huairou, coalición de redes de
mujeres conformada en Beijing en la Conferencia sobre la
Mujer en 1994. El presente texto fue una exposición
realizada en la II Conferencia Internacional Bogotá 2004
Las
ordenanzas son normas emitidas por las municipalidades con carácter obligatorio
dentro de su jurisdicción.
Se trata de
mujeres que voluntariamente trabajan en los temas de salud en cada barrio y con
las cuales Flora
Tristán desarrolla programas de
prevención y atención a la violencia contra la mujer.
La Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) es un espacio de toma de
decisiones en el que participan instituciones del Estado, los gobiernos
locales, las diversas instancias de la sociedad civil, las iglesias y la
cooperación internacional, con el fin de ponerse de acuerdo mediante el
consenso, sobre la forma más transparente, justa y eficiente de luchar contra
la pobreza en cada departamento, provincia y distrito del Perú; actualmente,
hay alrededor de 1.288 MCLCP en todo el país. Esta instancia fue creada
oficialmente el 18 de enero del 2001 mediante D.S.01-2001-PROMUDEH.
Asimismo, se contó con un equipo
de capacitación integrado por especialistas en género y seguridad ciudadana de
la institución y con otros y otras expertas de instituciones que abordan la
seguridad ciudadana desde un enfoque de derechos humanos.
Las organizaciones sociales son
instituciones de participación comunitaria que surgen por las necesidades que tienen
los pobladores, especialmente, los grupos más vulnerables: madres, niños y ancianos.
Estas organizaciones, que agrupan a la población de menores recursos
económicos, son los clubes de madres, comités de vaso de leche, comedores populares,
“wawa wasi” (guarderías infantiles comunales) y otras como juntas vecinales,
asilos, albergues, etc.
Versiones
resumidas de las ponencias de los Dres. Susana Villarán y Manuel Piqueras del
IDL se presentan en el capítulo 5 de la presente publicación.
Se trata de
un servicio de salud implementado por Flora Tristán, en cogestión con el comité
del vaso de leche local, que funciona desde 1989 en ese distrito. Desarrolla un
modelo de atención que integra un servicio de salud especializado para mujeres
con acciones de información y educación, campañas masivas y capacitación de
recursos comunitarios; y brinda un servicio de consejería, en un espacio
diferenciado de la consulta, lo que permite un abordaje a profundidad de los
diversos aspectos de la salud reproductiva y de la propia problemática de las
mujeres.
Son
servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y
multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, dependientes
del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social.
